Elena Salgado: la única superviviente del tijeretazo

Muy pocos confiaban en ella cuando, en abril de 2009, José Luís Rodríguez Zapatero la eligió para tomar el relevo a Pedro Solbes como ministro de Economía. ¿Qué credenciales podía aportar Elena Salgado para hacer frente a la mayor crisis desde el crac de 1929? Muchos pensaban que ninguna.

Tras ocupar las carteras de Sanidad y Consumo (abril de 2004 a julio de 2007) y de Administraciones Públicas (julio de 2007 a abril de 2009), Salgado se puso al frente de la crisis económica cuando el Gobierno casi la negaba, como intentando hacer creer que nuestro país era inmune al descalabro financiero mundial.

De hecho, apenas un mes después de asumir la cartera de Economía, la vicepresidencia segunda se aventuró a vislumbrar unos brotes verdes que se convirtieron en la principal mofa contra su gestión durante todo el primer año de su equipo.

Doce meses caracterizados también por varios enfrentamientos con Celestino Corbacho, entonces ministro Trabajo y responsable de dos de los tres grandes retos económicos del país: erradicar la lacra del paro, con reforma laboral incluida, y cambiar el sistema de pensiones.

El ex alcalde de L'Hospitalet de Llobregat fue el primero en hablar alto y claro sobre la descomunal economía sumergida del país, máxima que fue desmentida entonces por Economía y que ahora busca erradicarse por todos los medios.

La imperiosa necesidad de reformar las pensiones, elevando tanto la edad de retiro como la base de calculo, también fueron frentes defendidos por Corbacho sin apenas apoyos gubernamentales en un principio.

Pero su Talón de Aquiles fue la reforma del mercado laboral, todavía incompleta, y punto que muchos vieron como la estocada final para dejarle fuera del Gobierno, con la excusa de incluirle en las listas del PSC en las elecciones catalanas de 2010.

Junto a él, también salió del Ejecutivo en la sorprendente reforma del pasado otoño la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, mano derecha de José Luís Rodríguez Zapatero durante su primera legislatura, pero que había ido perdiendo peso frente a Salgado y Chaves desde hacía un año.

Sus diferencias con la titular de Economía eran una constante en los mentideros políticos. Aunque nunca confirmados, estos soterrados enfrentamientos ganaron carta de credibilidad con sus dementidos públicos, como cuando Salgado negó tanto que España tuviera un plan B para reducir el déficit, como que el Ejecutivo estudiara subir los impuestos a las rentas más altas, dos puntos defendidos por De la Vega.

La vicepresidenta primera fue también una de las más férreas opositoras a cualquier ajuste salarial de los sindicatos, sobre todo, después de que el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, adelantara en febrero de 2010, tres meses antes del tijeretazo, que el Gobierno podría verse obligado a revisar a la baja la retribuciones de los empleados públicos para adelgazar el déficit.

Entonces, Zapatero se posicionó claramente del lado de De la Vega, convencido de que debía respetarse el pacto salarial firmado con los sindicatos hasta 2012 y que incluía un aumento del 0,3% de las nóminas de los funcionarios. Pero su apoyo apenas duró unas semanas.

El fatídico fin de semana del 7 al 9  de mayo de 2010 le hizo ver que España necesitaba adoptar medidas urgentes que le permitieran recortar 15.000 millones. Sólo la subida pactada con los sindicatos suponía un gasto adicional de 2.500 millones.

Superado por la realidad que había negado hasta entonces, el presidente del Gobierno se vio obligado a traicionar sus principios y a primera hora de la mañana del 12 de mayo anunció un recorte medio del 5% del sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones (excepto las mínimas), el fin del cheque bebé, un drástica ajuste de la inversión pública... Casi su carta de dimisión.

Aunque Zapatero buscó un golpe de efecto con la remodelación de Gobierno de 2010, y hasta hace un mes tuvo en el aire la posibilidad de volver a presentarse como candidato, la realidad es que los doce meses que han transcurrido desde entonces no han ayudado a recuperar la credibilidad perdida entre sus bases.

Frente al duro ajuste impuesto aquel famoso 12 de mayo, el Ejecutivo nunca aplicó la cacareada subida de impuestos para los más ricos (defendida por el PSOE), ni se ha posicionado en contra de la actual Ley Hipotecaria, ni ha adoptado medidas de calado contra la banca, como le piden muchos de sus votantes.

Suma y sigue, porque, desde el tijeretazo, el Ejecutivo ha ido girando hacia posiciones cada vez más conservadoras en el discurso de la reforma laboral y de la negociación colectiva, ha dado luz verde a la reforma de pensiones con medidas que negó hace dos años, como la de elevar la base de cálculo, y ha aplicado una drástica reforma de las cajas que algunos ven como un regalo a los bancos y el fin de la Obra Social.

Sin embargo, han sido precisamente las políticas que han minado al presidente, hasta dejarle fuera de las próximas elecciones, las que han devuelto algo de calma a las cuentas públicas, han dejado a España fuera de los denostados PIGS -acrónimo utilizado por los anglosajones para referirse a Portugal, Irlanda, Grecia y España- y han dado a Salgado la carta de crédibilidad que muchos le negaron hace dos años, cuando tomó el testigo a Pedro Solbes.

Ella es la única superviviente de aquel equipo al que le tocó vivir en primera persona el ultimatum de Europa. Y las encuestas dicen que, además, lo ha hecho sin perder popularidad, en todo caso, ha ganado un poco: en el CIS de abril de 2010, los españoles le conferían una nota de 3,72 puntos; frente a los 3,74 de la última oleada.