La nueva norma, publicada el pasado 13 de julio, contempla el cumplimiento de las mejores prácticas en las áreas de respeto con el medio ambiente y con la especie que captura, disponibilidad de los mejores mecanismos de control de la actividad pesquera y condiciones laborales y de seguridad de los 1.600 tripulantes (900 de ellos de terceros países) embarcados en los 40 buques de la flota agrupada en Opagac.
El presidente de la organización, Jon Uría, ha asegurado que la norma muestra el compromiso de sus pescadores con "una tradición de pesca de varias generaciones" y espera que el estándar "se considere una referencia a escala europea y en algún momento a escala mundial". Además, ha comunicado que trabajarán para que la norma sea exigida "a toda la producción pesquera que se vende dentro de la UE".
En este sentido, el director gerente de Opagac, Julio Morón, ha destacado que, con la consecución del estándar, "el sector pesquero español, y en particular su flota atunera, da un paso gigante a favor de una actividad pesquera responsable en todo el mundo".
"Volvemos a ser ejemplo y referente internacional en este sentido y ahondamos en nuestra lucha por erradicar la pesca ilegal y no sujeta a ningún tipo de control, tanto desde el punto de vista pesquero como socioeconómico", ha añadido Morón.
Por su parte, el director general de Aenor, Avelino Brito, ha señalado que "el sector demuestra su apuesta por las buenas prácticas" a través de la adopción de norma que constituye "una poderosa herramienta para ayudar a los sectores a ser más competitivos".
TRIPLE ENFOQUE
El estándar al que la flota atunera de Opagac se ha sometido voluntariamente garantiza el cumplimiento de las mejores prácticas en una triple vertiente medioambiental, de control y socieconómica, a diferencia de otros referenciales que solo tienen en cuenta la primera.
Respecto a este punto, la norma exige utilizar dispositivos de agregación de peces no enmallantes para evitar capturas no deseadas, así como la formación de patrones y capitanes de barcos sobre el estado de los recursos pesqueros y el impacto que su actividad puede ocasionar en el ecosistema marino.
En cuanto a las medidas de control, la norma obliga a disponer de las autorizaciones de pesca y certificados sanitarios pertinentes de cada país donde se realiza la actividad, a contar con un sistema de localización de buques homologado y operativo 24 horas y a registrar la actividad en un diario electrónico.
Por último, marca una serie de exigencias socioeconómicas que hacen referencia a las condiciones contractuales de los tripulantes, que se alinean con el Convenio 188 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), y que garantizan retribuciones mínimas de salarios, horas de descanso, atención médica, prevención de riesgos laborales y seguridad social de las tripulaciones; además de reconocer su derecho a la negociación colectiva.
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