Experto propone que el juez module el interés de demora a petición del deudor

Madrid, 6 feb.- El experto en derecho registral y mercantil Fernando Pedro Méndez González ha señalado que la legislación hipotecaria tiene desequilibrios y ha propuesto realizar cambios legales para que los jueces pueden modular los intereses de demora a petición del deudor e implantar para todos los casos una tasación obligatoria e independiente.

Durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, donde están compareciendo expertos para aportar su visión sobre el cambio de la ley para paliar los desahucios, ha apostado por "perfeccionar" aspectos técnicos de la normativa y adoptar medidas de política social para determinados colectivos sin afectar al sistema hipotecario.

Entre las primeras, Méndez ha apostado por instaurar un procedimiento especial para las hipotecas que, o impida reclamar intereses de demora, o articule un trámite en el que el deudor pueda pedir al juez que estipule los intereses de demora.

Hasta 2001 en España se podía recurrir a este mecanismo, pero ese año, al crear un procedimiento legal específico para las ejecuciones hipotecarias, se eliminó esta la posibilidad, ha explicado.

También ha reclamado que para calcular el interés de demora se utilice como base las cuotas impagadas y, en todo caso, aplicar una comisión por cancelación anticipada del préstamo, en vez del total de la deuda pendiente, como ocurre ahora.

Sobre la tasación, Méndez, que forma parte del Consejo de Dirección del Centro para la Investigación y Desarrollo del Derecho Registral y Mercantil de la Universidad de Barcelona, ha dicho que la tasación debería ser siempre obligatoria y realizada por una sociedad independiente de los bancos.

Para ello, ha reclamado que prohibir a las entidades financieras estar en el accionariado de las tasadoras y endurecer su régimen disciplinario.

En cuanto a la dación en pago, Méndez ha señalado que podría adoptarse un sistema como el vigente en algunos estados de EEUU, donde existe la opción de que el acreedor elija entre un procedimiento judicial u otro extrajudicial y privado.

En el caso de elegir el segundo, la venta de vivienda impide que se puedan embargar más bienes. Si la cantidad obtenida es suficiente para cubrir la deuda, ésta se extingue, mientras que si es menor el acreedor asume pérdidas y si es mayor el sobrante se reparte entre deudor y acreedor.

Méndez ha llamado la atención sobre el hecho de que el modelo estadounidense no supone siempre una dación en pago o una responsabilidad limitada para hipotecas, sino simplemente que permite elegir entre dos opciones.

Para estimular la dación en pago en España, ha pedido eliminar la tributación para evitar abonar dos veces impuestos: cuando se cede la vivienda (que paga el deudor) y cuando el acreedor adjudicatario de la misma la vende a un tercero (que paga el acreedor).

Por otro lado, ha asegurado que hay que articular medidas que faciliten la reestructuración de deudas beneficiosas tanto para el acreedor como para el deudor, así como regular las situaciones de "hiperendeudamiento" con una ley de segunda oportunidad (España es el único país de la zona euro que carece de ella).

Finalmente, ha señalado que el Estado podría hacer "política social" en el ámbito hipotecario si, a través de organismos como por ejemplo el ICO, pudiera subrogarse a préstamos de deudores que cumplan determinados requisitos sociales.