Expresidente de Caixa Catalunya dice que no tenía funciones ejecutivas

Barcelona, 29 jul.- Antoni Serra Ramoneda, presidente de Caixa Catalunya entre los años 1984 y 2005, ha recordado hoy que la función ejecutiva de esta antigua caja de ahorros la ostentaba el director general, mientras que su cargo, no remunerado, tenía un mero perfil supervisor.

Serra Ramoneda ha comparecido hoy en la comisión parlamentaria de investigación de la banca, donde ha eludido gran parte de las responsabilidades en la crisis de Caixa Catalunya, ya que en estas entidades "quien tiene funciones ejecutivas es el director".

Ha reconocido, no obstante, que bajo su presidencia se cometieron algunas "equivocaciones", como por ejemplo dirigir en exceso el negocio al sector inmobiliario.

"Tendría que haber sido más vehemente en reducir la inversión inmobiliaria", ha señalado Serra Ramoneda, que considera que el propio sistema legal español llevó durante años a las entidades financieras a dedicarse al ladrillo, ya que ante el impago de un crédito el inmueble actuaba como garantía.

En las dos décadas de presidencia de Serra Ramoneda, Caixa Catalunya llevó a cabo su política de expansión de oficinas por toda España, aunque el economista ha subrayado que este proceso de crecimiento continuó en el período 2004-2008 y de forma mucho más intensa, aumentando de forma sustancial el número de sucursales, créditos y personal.

"La caja llevaba una dinámica que hizo que en lugar de levantar el pie del acelerador, éste continuara apretado, lo que condujo a que en 2008 aparecieran problemas", ha explicado.

Sobre la compra de la aseguradora MNA, Serra Ramoneda ha admitido que fue "una pifia grande" y que "ojalá" Caixa Catalunya no hubiera llevado a cabo esta operación, que contó con los dictámenes positivos de varias firmas de auditores, "todas de nombre extranjero", que juraban que la entidad "valía ese dinero".

Antoni Serra Ramoneda ha recordado asimismo que llegó a Caixa Catalunya "como un accidente laboral", con la misión de poner fin a la parálisis de la entidad, entonces intervenida por la Generalitat, y evitar que la caja acabara desapareciendo por una lucha interna.

Ha subrayado que como presidente y consejero cobró un máximo de 73.000 euros netos en un año en concepto de dietas y que, cuando cesó, no percibió ningún tipo de indemnización.

"Tres años después de irme yo, se habló de pagar al presidente 600.000 euros", ha apuntado.