La portavoz del Govern, Patricia Plaja, explicará este martes en rueda de prensa después del Consell Executiu la decisión que ha tomado el Ejecutivo catalán para seguir con el control de la sexta ola.
El presidente de la Generalitat y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo cenaron ayer tras expresarle EH Bildu por la mañana otro "no" a su reforma.
Cataluña ha anunciado hoy que se dará el alta laboral a los enfermos de covid-19 a los siete días de cuarentena de forma programada para descargar de trabajo burocrático a los facultativos de los CAP.
El presidente de la Generalitat amenaza en su discurso de Navidad al Gobierno central con buscar opciones realistas, de consenso y con las lecciones del pasado aprendidas, por si la mesa de diálogo "se encalla".
La petición al fondo también incluye 1.400 millones para financiar el déficit permitido a las comunidades y otros 124 millones para afrontar las liquidaciones negativas del modelo de financiación de 2008 y 2009.
Solo prestará servicios de manera presencial cuando no exista otra alternativa y se autorizará un permiso de conciliación para familias monoparentales o en el caso de que otro progenitor trabaje de forma física.
La directora del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Gemma Craywinckel, también ha lamentado que el Gobierno no haya adoptado medidas más restrictivas.
El Tribunal Constitucional afronta su primer Pleno tras la incorporación de los nuevos magistrados. En el orden del día se ha incluido la posible admisión de los recursos contra acuerdos y leyes de la Generalitat.
El TSJC confirma el trato "injustificado" en el plan de inmunización del Ejecutivo regional, el cual priorizó la atención a los Mossos d'Esquadra por delante de los agentes de los cuerpos de seguridad nacionales.
Los antecesores de Pere Aragonès en la Presidencia de la Generalitat y exconsejeros han sido condenados a penas de inhabilitación por desobedecer los mandatos judiciales en respuesta al desafío independentista.
También se ha acordado la creación de un grupo de trabajo que debe concretar cómo abonará el Estado los 559 millones de euros que debe a la Generalitat correspondientes al ejercicio de 2008.
Tras verificar que existe un incumplimiento de la sentencia ya firme, puede ordenar su ejecución para que, al menos, el 25% de la educación sea en español. De no cumplir, podría abrirse un procedimiento penal.
"Es su primera responsabilidad y, si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Pedro Sánchez tiene que hacer todo lo que está a su alcance para cumplir esa resolución", dice el líder del PP.
"Es un grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes", ha lamentado el conseller de Educación.
Tras la reunión, aseguran que no hay movimientos por parte del ejecutivo, al que ven dividido por la ausencia de Junts per Catalunya. Subrayan que siguen predispuestas a continuar negociando.
"Junts per Catalunya no modificará, no aceptará ningún giro ni de 180 grados, ni de 45 ni de 20 grados, porque entendemos que son unos buenos presupuestos", ha afirmado Jordi Sànchez.
La compañía dependiente del Ministerio de Hacienda contacta con el Gobierno autonómico para chequear los criterios de elegibilidad y autorizar la ayuda a la compañía con sede en Cataluña.
La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano da la razón al Gobierno que recurrió el artículo 88 de la ley 5/2020 en marzo de 2021.
Lasquetty asegura que está "lleno de trampas" y que la región sale "perjudicada" con el modelo vigente cuando se pasa de la realidad de la población a la población ajustada, con la pérdida de 216.000 habitantes.
Desde el Govern justifican que "hay un volumen importante de herencias" que están formadas por "bienes de difícil realización y con poco líquido que permita satisfacer el tributo".
La expansión por el incremento de inversiones de los vehículos especializados en el inmobiliario se resiente en la ciudad condal por las políticas del Ayuntamiento de Ada Colau y la legislación de la Generalitat.
La defensa del expresident de la Generalitat acusa a la instructora de hacer mención a la norma "de forma sesgada, interesada y arbitraria" y remarca que los avales presentados son "legales".
Ha insistido en que su relación con el resto de partidos para buscar su apoyo a las cuentas públicas se basa en la necesidad de "mejorar el bienestar de los españoles, apoyar el tejido productivo".
"No ha asumido función alguna en coordinación con nadie para llevar a cabo ninguna actividad, fuera lícita o ilícita", ha asegurado.
Esta cantidad supone el coste global generado por la pandemia y por la crisis económica asociada a ella, e incluyen tanto el gasto extraordinario que ha provocado a la Generalitat como la minoración de ingresos.
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