Familiares de ex dirigentes del BES tendrán que probar su derecho a depósitos

  • Los familiares de los ex responsables del Banco Espírito Santo y accionistas cualificados tendrán que demostrar su derecho a los depósitos que tenían en la descompuesta entidad y que ahora están congelados en el 'banco malo' que se quedó con los activos tóxicos del antiguo BES.

Lisboa, 12 ago.- Los familiares de los ex responsables del Banco Espírito Santo y accionistas cualificados tendrán que demostrar su derecho a los depósitos que tenían en la descompuesta entidad y que ahora están congelados en el 'banco malo' que se quedó con los activos tóxicos del antiguo BES.

Es una norma que se aplicará a "cónyuges, parientes o afines", de los ex dirigentes de la entidad, así como a los "accionistas cualificados", según el comunicado difundido por el Banco de Portugal (BdP).

El regulador luso clarifica en esa nota los activos que pasan a la parte buena del BES, o Novo Banco, y los que se quedan en la mala o 'banco malo', así como los procedimientos de actuación de la nueva entidad.

El Novo Banco, precisa el comunicado, deberá pedir a los familiares de los ex directivos del BES y a los accionistas cualificados la documentación necesaria para comprobar que realmente les pertenecen los fondos que hubieran depositado.

Tendrá que comprobarlo teniendo en cuenta variables como "las actividades profesionales de las personas en causa, (...) su nivel de rendimientos y el montante depositado".

La comprobación "debe ser documentada", añade el Banco de Portugal en un documento en que aclara además que el 'banco malo', que sigue llamándose BES, tiene prohibido conceder créditos o recibir depósitos.

"Con la transferencia de la parcela más significativa de la actividad y del patrimonio del BES para el Nuevo Banco, aquel (el BES) dejó de reunir condiciones para ejercer su actividad de forma autónoma o para seguir operando en el mercado en condiciones de normalidad", precisa.

En estas circunstancias, agrega, el Banco de Portugal ha decidido aplicar una serie de "medidas de intervención correctiva", entre las que se incluye la prohibición de concesión de créditos y recepción de depósitos.

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