Fernández Ordóñez recuerda que puede intervenir si una entidad no es viable

Madrid.- El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, consideró hoy que las modificaciones sobre la regulación de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) aprobadas el viernes por el Gobierno no amplían los poderes del supervisor, ya que recordó, éste podía intervenir cualquier entidad si no es viable.

"Los poderes los teníamos absolutamente todos", dijo el gobernador a los medios tras intervenir en el "XVII Encuentro del Sector Financiero" organizado por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación.

La redacción de los cambios aprobados por el Gobierno, a juicio del gobernador, no amplían los supuestos en los que el organismo puede intervenir una entidad.

Por eso para Fernández Ordóñez, el "centro de la cuestión" de los cambios aprobados es que se aceleran los plazos para acometer la reordenación financiera, al tiempo que se aclaran algunas dudas sobre los SIP, denominados en el sector como "fusiones frías".

En este caso, valoró que ahora este tipo de uniones, que permite que varias entidades mantengan su marca, pero se integren bajo una central con la que comparten riesgos, tenga un componente "mucho más sólido".

Y preguntado por el caso concreto de que unas cajas elijan para unirse en un SIP a un banco, el gobernador restó importancia a esa posibilidad y destacó que lo importante es que con cualquier fórmula elegida, el resultado sea una entidad "sólida" y que "no nos dé problemas".

En cuanto a las dificultades que podrían pasar algunas cajas por la estrategia de determinados bancos por captar el ahorro de clientes con altos intereses, Fernández Ordóñez explicó que es una situación "casi inevitable" y que "en muchos casos se puede entender" debido a que la financiación externa se ha encarecido.

Sobre las negociaciones de las cajas gallegas -Caixa Galicia y Caixanova- o de las entidades andaluzas para llegar a fusiones, sólo recordó que "nunca" habla de operaciones concretas y que en la legislación está que una vez acabado un proceso, el Banco de España lo explique en las Cortes.