Las órdenes de cursos de FP para el empleo estarán en mayo, sin permitir subcontrataciones y con evaluación continua

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha anunciado que las nuevas órdenes para convocar los cursos de formación profesional para el empleo saldrán a la calle en mayo, se promoverá la concurrencia competitiva para poder impartir los cursos, no se permitirán subcontrataciones y se contará con un sistema de evaluación continua de los cursos, "desde el primer día".

En su comparecencia parlamentaria en comisión, el consejero ha avanzado que las nuevas órdenes para convocar los cursos de formación profesional para el empleo ya están en periodo de información pública, así que se cumplirá el plazo del mes de mayo para sacar las convocatorias definitivas que regularan la programación que reanudará las distintas acciones de formación en Andalucía, tanto a desempleados como a trabajadores en activo.

El consejero ha destacado que estas nuevas órdenes contemplan "un aumento de la calidad", para lo cual "se pondrá en marcha el sistema de concurrencia competitiva para los que quieran dar formación puedan acceder a impartirla".

Asimismo, a estas órdenes pueden acceder los agentes "que estén habilitados" y se contempla que esos agentes formadores "deben tener los medios, por lo que no se podrá subcontratar con terceros la formación".

Sánchez Maldonado ha dejado claro que "se mejorarán los mecanismos de control y procedimientos de justificación, para que sean rigurosos y efectivos", mediante un proceso de evaluación "desde el primer día", con un procedimiento de evaluación continua.

"Se va a ofrecer una formación moderna y de calidad, que responda a las necesidades de trabajadores y del mercado", ha añadido Sánchez Maldonado, quien ha explicado que estas convocatorias de mayo van a definir las distintas acciones formativas, cuyo contenido en las especialidades que serán prioritarias y en el reparto que se hará por provincias estará marcado por los análisis de prospección del mercado de trabajo y detección de necesidades formativas.

El consejero ha recordado que las convocatorias que saldrán en mayo superarán los 142 millones de euros, que se dividirán entre los 50,3 millones de euros para el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo; los 71,5 millones para los cursos dirigidos a desempleados y los 20,6 millones para acciones dirigidas a trabajadores.

Junto a estas convocatorias, Sánchez Maldonado añadió que se está trabajando con el clúster naval de la Bahía de Cádiz y con Airbus para realizar convocatorias específicas dirigidas al sector naval y al aeronáutico, de cara a contribuir a la competitividad de estos sectores estratégicos, dando a estas especialidades un carácter prioritario en la programación de la formación profesional para el empleo.

En cuanto a los trámites administrativos de las nuevas órdenes, el consejero ha explicado que el pasado 4 de abril se inició el procedimiento de tramitación que culminará con las convocatorias de mayo, y que los textos de las tres órdenes previstas ya han pasado por el Consejo Andaluz de Formación Profesional, en el que están representados los agentes sociales, y actualmente siguen otras fases administrativas como los informes jurídicos, los presupuestarios, los de intervención general y los técnicos.

Junto a estas tres órdenes, también se han iniciado los trámites para aprobar otra normativa que regulará el procedimiento para impartir formación que permita obtener certificados de profesionalidad que no proceden de fondos públicos. Esta apertura de los certificados de profesionalidad a la iniciativa privada, complementaria a la actual oferta pública, está recogida en la nueva normativa estatal, y la orden que la regulará en Andalucía inició su trámite el pasado 10 de marzo.

NOVEDADES

Entre las novedades que se prevé incorporar a las nuevas convocatorias formativas, el consejero citó la puesta en servicio de un único aplicativo informático de gestión de la FP para el Empleo en Andalucía que permita conectarse al sistema integrado que está promoviendo el Ministerio de Empleo.

También se incluirá una baremación con criterios cuantificables que garantice la concurrencia competitiva a la hora de acceder a las subvenciones para realizar cursos, así como la imposibilidad de subcontratar las acciones formativas por parte de la entidad beneficiaria.

Por último, el consejero ha recordado que la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo continúa con el proceso de revisión de expedientes para liquidar las anteriores convocatorias. Según los datos aportados por el consejero, de 8.505 expedientes 'vivos', ya se han liquidado 5.619 expedientes, lo que supone el 66 por ciento del total.

"NO SE PUEDE PONER EN MARCHA LA FORMACIÓN", DICE EL PP

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha asegurado que "es imposible poner en marcha la formación para el empleo de Andalucía, pues no tienen medios para ponerla en marcha, pues faltan funcionarios para recepcionar solicitudes presentadas", además de "faltar el 34 por ciento de expedientes por liquidar, tras cinco años de la última convocatoria", y existir "una parálisis en la concesión", de manera que considera que "hay preocupación", porque "no se concretan los puntos clave.

Ruiz Sillero lamenta que la Junta "se niega a hablar de las sentencias condenatorias a la Junta por inactividad, o a hablar de las auditorías de la Faffe". La diputada del PP ha pedido que "se prohíba taxativamente la subcontratación de esos cursos" y rechaza que haya personal "ni externo ni subcontratados, como los trabajadores de la antigua Faffe, sino que sean funcionarios imparciales, independientes y con conocimientos".

El diputado de Podemos Jesús Romero, aboga por que "se aumente la eficiencia" de la formación profesional para el empleo, por lo que pregunta sobre "bajo qué objetivos concretos, criterios y planificación se van a poner en marcha esos programas de formación, para evitar que la formación caiga en unos pocos". Romero se ha mostrado "desconfiado" de que esto "pueda tener un buen fin".

"Hay que evitar que estemos condenados a repetir los errores, como las deficiencias o iregularidades detectadas en la comisión de investigación parlamentaria", ha indicado Romero, para lo cual pide que "se doten a los organismos competentes de las máximas herramientas y recursos".

El diputado de IU Jose Antonio Castro ha lamentado la "escasa información" ofrecida y piden que "se garantice el buen funcionamiento de la formación para el empleo".

Castro espera que el equipo que está elaborando las órdenes "aporte novedades en el espíritu de mejorar las auditorías", y cree que "sería bueno pudiéramos compartir las nuevas ordenes antes de que salgan". El diputado de IU ha mostrado su "preocupación" por el papel del órgano gesto, que es el sistema público de empleo, y sobre el que IU pide conocer cómo va a operar, temiendo que "pueda caer en las mismas prácticas que la derecha".

La diputada del PSOE Beatriz Rubiño ha resaltado la importancia de la formación profesional para el empleo, especialmente para colectivos desfavorecidos, pero lamenta que el PP "solo habla de fraude e ilegalidad", frente a lo que aboga por "ser positivos y proactivos". Lamenta que el PP "pide que haya funcionarios, cuando contrata personal externo en otras regiones" y ha defendido a los trabajadores de la antigua Faffe.

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White pide una formación profesional para el empleo "más conectada con la realidad empresarial" y cree que "las necesidades de mercado serán las que guíen esta formación". Asimismo, apunta la necesidad de que "haya una evaluación de la formación profesional para el empleo para medir si estas personas se han integrado en el mundo laboral".