Gestesa pide que un hijo de Ruiz-Mateos cumpla 3 años de prisión por estafa

Madrid.- La inmobiliaria Gestesa ha solicitado una pena de tres años de prisión para Pablo Ruiz-Mateos, uno de los hijos del patriarca de Nueva Rumasa, por haber cometido presuntamente un delito de estafa durante la lucha interna que mantuvieron los socios de la compañía en 2006.

Así figura en el escrito de acusación remitido al Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, que abrió juicio oral el pasado marzo contra Ruiz-Mateos y otras cuatro personas, entre las que figura el exsocio de Gestesa Juan Francisco López, acusado de haberse aliado con Nueva Rumasa para que hiciera una oferta supuestamente ficticia por su paquete accionarial en la compañía.

Gracias a esa estrategia, López consiguió pactar con sus socios la venta del 33 por ciento de Gestesa en 22,07 millones de euros, frente a los 9 millones que le habían ofrecido inicialmente, mientras que pagó a Nueva Rumasa una comisión de 2,1 millones de euros como teórica compensación por no haberles transmitido la participación.

La inmobiliaria, asesorada por el letrado José Antonio Choclán, pide un total de seis años de prisión para su exsocio por los delitos de estafa, falsedad continuada en documento mercantil y falsedad en documento privado, dado que presuntamente elaboró tras conocer la interposición de la querella un anexo que justificara las comisiones que pagó.

Choclán también ha pedido que todos los acusados presten una fianza de 8 millones de euros para cubrir la indemnización que exigen los dueños de Gestesa, Javier Heredia y Juan Sánchez, y de la que también respondería subsidiariamente Nueva Rumasa, entre otras sociedades.

Según el escrito de acusación, la maniobra se fraguó en enero de 2006, cuando Juan Francisco López Garrido y su esposa, "con la finalidad de lucrarse ilícitamente y obtener un mayor precio por la venta de sus participaciones que el que les era ofrecido como máximo por los demás socios, se concertaron" con Nueva Rumasa.

El objetivo era "simular una oferta de compraventa por parte de esta sociedad, en todo caso ficticia, emitida con la sola finalidad de obtener un indebido aumento del precio de las participaciones sociales, en concreto, la nada despreciable cifra de más de 13 millones de euros".

Gestesa sostiene que Nueva Rumasa "nunca tuvo la intención real de adquirir las participaciones sociales, y no tenía capacidad financiera para cumplir el compromiso asumido", según revelan varios dictámenes periciales, por lo que concluye que "se trató de una maniobra fraudulenta".

"Nueva Rumasa no tenía ningún interés en invertir tan importante suma en una empresa desconocida para ella, sobre la que no recabó información alguna, ni practicó ningún proceso de auditoría como es normal y de rigor en este tipo de operaciones", añade el escrito.

Para justificar las comisiones que López pagó a Nueva Rumasa y a un intermediario, Santiago Esteban, Gestesa recuerda que ambos "confeccionaron una fotocopia de un inexistente contrato de mandato firmado el 20.09.2005, que no se correspondía con la realidad".

Ese documento al parecer "presenta signos inequívocos de falsedad", ya que pese a estar redactado en 2005 incluye el domicilio al que una sociedad de Esteban no se trasladó hasta septiembre de 2007.

Esteban también se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel por estafa, falsedad continuada en documento mercantil y falsedad en documento privado, mientras que la amiga de la familia Ruiz-Mateos que firmó el contrato de interés de Nueva Rumasa en la participación del 33 por ciento de Gestesa, María Teresa Gárate, podría ser condenada a 2 años y seis meses de prisión, igual que la mujer de López Garrido.