José Luis Navarro ha sido refrendado por el Gobierno como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) tras cuatro años en el cargo, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Hasta que asumió la presidencia de la empresa pública, formó parte del gobierno de la Junta de Extremadura, en una primera etapa como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011; y posteriormente como consejero de Economía e Infraestructuras desde 2015 hasta recalar en Enresa.
Antes de trabajar en el gobierno de Guillermo Fernández Vara, ocupó cargos de responsabilidad en Endesa, Saltos Extremeños (minicentrales hidroeléctricas) o Arram Consultores, simultaneados con la labor de consultor empresarial independiente sobre industria y energía. El nombramiento, criticado en su día por el Partido Popular extremeño, llegó en un momento decisivo para las centrales nucleares. El PSOE concurrió a las elecciones generales de 2019 con un programa electoral en el que recogía un calendario con fechas –que debían considerarse máximas– para el cierre gradual de las centrales térmicas y de las de energía nuclear.
En España, el apagón nuclear está programado hasta 2035, según lo pactado entre las empresas propietarias de las centrales y el Ministerio para la Transición Ecológica. El país cuenta con siete reactores nucleares operativos. Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona), una fábrica de combustible nuclear en Juzbado (Salamanca) y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos en El Cabril (Córdoba). Las cuatro grandes empresas eléctricas que gestionan centrales nucleares son Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP España y estas firmaron su compromiso para el cierre en marzo de 2019. Así, los siete reactores dejarán de funcionar de manera escalonada entre 2027 y 2035.
Una vez cerradas todas, el parque nuclear español habrá operado durante unos 46 años de media. Entre todos los reactores, suman una potencia bruta instalada de 7.398 megavatios (MW), lo que supone cerca del 6,5% del total de la potencia eléctrica instalada de España. Generan cada año entre 55.000 y 60.000 gigavatios hora (GWh), más del 20% de la electricidad consumida en el país.
Séptimo plan de residuos
Navarro tendrá que sortear en los próximos meses la aprobación del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que prevé la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en las centrales nucleares para la gestión del combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo a un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) que entraría en funcionamiento en 2073. En la actualidad, parte del combustible gastado y los residuos radiactivos de alta actividad se gestionan en Almacenes Temporales Individualizados (ATI) situados en el propio emplazamiento de las centrales nucleares y el PGRR plantea la creación o adaptación de estas instalaciones en ATD, siempre con un proceso previo de licenciamiento que el titular deberá solicitar en su momento ante la correspondiente autoridad competente, que tendrá que ser informado preceptivamente por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de acuerdo con la reglamentación vigente.
El CSN emitió el informe preceptivo favorable correspondiente al nuevo plan a finales del año pasado, solicitado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aunque aún tienen que pronunciarse las comunidades autónomas afectadas. Hay que recordar que los informes no son vinculantes y que el plan todavía tiene tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros (previsiblemente en verano). Una vez aprobado el plan, según han recordado a Efe fuentes del Ministerio, Enresa, como responsable de la gestión de los residuos radiactivos, deberá implementar las estrategias que se definan en el mismo, para desmontar las instalaciones y la posterior gestión de los residuos. Este nuevo ordenamiento jurídico sobre residuos nucleares sustituirá al de 2006, caducado desde 2010, y que el Gobierno está obligado a actualizar para no ser penalizado por la Comisión Europea.
Otro de los retos de Navarro será culminar la ampliación del centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba. El propio directivo ha asegurado que no se espera la autorización del departamento que dirige Teresa Ribera hasta 2024. Según Enresa, la nueva Plataforma Sureste, para la que se solicita la autorización, contará con 27 celdas. En una primera fase, que se estima que esté operativa en 2028, se construirán 12 celdas, mientras que las 15 restantes se irán levantando conforme las necesidades del propio centro. La ampliación permitirá al centro de continuar adecuando sus capacidades a su misión de gestión de los residuos procedentes del desmantelamiento de todas las centrales nucleares, además de los originados en hospitales, laboratorios e industrias, según ha señalado la empresa pública.
El consejo de administración de Enresa también adoptó en enero el cambio de un consejero. En concreto, ha entrado Isabel Arranz en sustitución de Carlos Saura. Es vicesecretaria general técnica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
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