Gómez Bermúdez pide al Banco de España las operaciones de Bancaja en Caribe

Madrid, 17 jun.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha reclamado al Banco de España que le remita toda la documentación relativa a las operaciones de Bancaja en el Caribe y Baja California (México) que, según denunció Bankia, podrían haberle causado un "quebranto" de 330 millones de euros.

En un auto, el magistrado solicita los "expedientes íntegros" y todos los documentos que tenga sobre operaciones del Grupo Grand Coral, referente a la compra de suelos en Cancún (México) y las inversiones en Emerald, Miramar, Playa del Carmen y Punta Turquesa.

Además, quiere información sobre la compra de suelos en Los Cabos (inversiones en Piedras Bolas, Zacaton y Vinoramas) y la adquisición por parte de Bancaja Habitat y por Deproinmed de participaciones en tres sociedades holandesas, así como la recompra de éstas por parte de los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó a otro socio.

Precisamente, Gómez Bermúdez envió a prisión bajo fianza de 7 millones a estos dos empresarios en el marco de la causa en la que investiga el desvío de los beneficios de inversiones hoteleras de la CAM en el Caribe, por la que también ordenó encarcelar al ex director general de la entidad Roberto López Abad, aunque todos se encuentran ya en libertad.

Sin embargo, consideró que no era competente para investigar la denuncia que interpuso Bankia Habitat en su Juzgado a finales de 2013 por las operaciones de financiación al Grupo Grand Coral, del que formaban parte Bancaja Habitat y Banco de Valencia, entre otras sociedades españolas, aunque la sección cuarta de la Sala de lo Penal le obligó a continuar con la instrucción el pasado mayo.

De esta forma, el juez ha acordado en su auto proseguir con las diligencias y tiene por personado a Caixabank "como sucesora universal del Banco de Valencia".

Además de toda esa documentación, Gómez Bermúdez pide al Banco de España el informe de la Dirección General de Supervisión de 29 de junio de 2013, incluyendo los anexos correspondientes a las operaciones del Grupo Grand Coral, y el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 5 de julio de 2013.

En el auto por el que la Sala declaraba la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la denuncia de Bankia, los magistrados sospechaban que los "indebidos manejos" de los fondos de Bancaja para financiar estos proyectos pudieron causarle un "quebranto" de más de 330 millones.

Según relataban, citando un informe de la auditora Price Waterhouse Coopers (PWC), la financiación total otorgada al grupo de inversión ascendió a 597,24 millones de dólares (alrededor de 430 millones de euros), de los que se ha devuelto 134,12 millones de dólares.

A consecuencia de ello y "por mor" de los antiguos gestores de Bancaja y su filial inmobiliaria, según la denunciante, "aquella tiene en la actualidad un riesgo vivo" que asciende a 467,17 millones de dólares (unos 338 millones de euros).

Para la Audiencia, los hechos denunciados "han constituido parte -presuntamente- de una operativa que, en definitiva, ha conllevado el quebranto de Bankia".

Y, con ello, "la necesaria obligada intervención de los poderes públicos en orden al saneamiento de las entidades resultantes de la fusión de las cajas de ahorro" que dieron lugar al nuevo grupo, "en aras a la protección de los pequeños ahorradores, siendo precisamente estos ahorros los que habrían permitido, a nivel de presunciones, los indebidos manejos de fondos de Bancaja".

Por ello, el tribunal consideraba que los intereses generales se pudieron ver afectados por "haberse utilizado -presuntamente- el dinero de los ahorradores con fines espurios", partiendo además del "indiscutible estado de desastre económico de la entidad bancaria, porque el Estado ha tenido que desembolsar fondos públicos para hacer frente a tan indeseable situación".