Greenpeace encara el “juicio más duro” de su historia por su acción en la nuclear de cofrentes

La organización ecologista Greenpeace afronta el “juicio más duro” de sus 30 años de historia en España, que comenzará el próximo 4 de diciembre en Valencia por una acción desarrollada en la central nuclear de Cofrentes en 2011 y en el que 16 activistas y un fotoperiodista independiente se enfrentan a penas de casi tres años de cárcel. Además, la ONG podría tener que abonar 357.371 euros en concepto de multas e indemnizaciones.
El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, explicó este martes en una rueda de prensa en Madrid que el 15 de febrero de 2011, en un contexto de ampliación de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) y algo menos de un mes antes del accidente en la de Fukushima (Japón), esta organización desarrolló una acción de protesta porque entendía que la ampliación en “una central tan antigua entrañaba un alto riesgo de accidente nuclear”.
Los 16 activistas y el fotoperiodista entraron en el recinto y la acción acabó tras haber pintado las palabras “riesgo nuclear” en una de las torres de refrigeración de Cofrentes.
Una de ellas es Amanda Luna, de 23 años y profesora de música, que recalcó que los activistas procedían de varios lugares de España, como Barcelona, Madrid, Valladolid, Murcia o Mallorca, y sus edades comprenden entre los 23 y los 52 años.
“Lo que nos une es un profundo sentimiento de respeto y admiración por la naturaleza y por el medio ambiente. Eso nos lleva a querer defender nuestro medio ambiente de los ataques a los que se ve sometido a diario y de forma continua. Es muy importante defender la naturaleza, porque si no la estamos defendiendo la estamos atacando”, explicó, antes de añadir que “la energía nuclear no es segura y debemos cuestionarnos si es necesaria y hasta qué punto podemos tener ese peligro tan cerca de nuestras casas”.
José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace, explicó que el Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia iniciará el juicio oral el próximo 4 de diciembre, ante lo cual las 17 personas encausadas se enfrentan a delitos de desórdenes públicos (2 años de cárcel), lesiones (8 meses), daños (14 meses de prisión y multa) y a una falta de lesiones (2 meses y multa), y que Greenpeace se enfrenta a 357.371 euros por la suma de las multas y la indemnización solicitada por Iberdrola, propietaria de la central.
CAMPAÑA EN REDES SOCIALES
“Greenpeace nunca ha eludido la acción de la justicia, pero siempre ha pedido que sea justa y proporcionada. Me pregunto si es justo y proporcionado que, por manifestarse y pintar en una torre de refrigeración ‘riesgo nuclear’, las personas que lo hicieron se tengan que exponer a penas de casi tres años de cárcel, y si una organización que ha demostrado la importancia de la defensa del medio ambiente de forma pacífica se tiene que exponer a una multa de cerca de 360.000 euros por evidenciar el riesgo de la energía nuclear”, indicó Rodríguez.
El líder de Greenpeace en España subrayó que “no puede salir más caro defender el medio ambiente que destruirlo, es injusto e inaceptable”, y que “la defensa del medio ambiente es un deber ciudadano y, además, consagrado en el artículo 45 de la Constitución”.
Rodríguez dijo que “la central de Cofrentes debe cerrar, como cerró Zorita y como tendría que cerrar Garoña”, lo cual podría ocurrir “ya, mañana, y no le pasaría nada a este país”. “La energía nuclear es peligrosa porque es cara e insegura y porque en este país tenemos el doble de potencia eléctrica instalada necesaria para cualquier pico de necesidad eléctrica. No es ético mantener la energía nuclear cuando deja en herencia a futuras generaciones residuos de altísima actividad y difícil gestión por miles de años”, apostilló.
Por todo ello, Greenpeace lanzó este martes una campaña en las redes sociales, bajo el lema ‘Misión Cofrentes: artículo 45. Defender el medio ambiente es un deber. Protestar, nuestro derecho’.