El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas escudriñará hasta el más mínimo detalle de la cuenta de gastos de personal del mes de diciembre de los ayuntamientos españoles en busca de cualquier posible irregularidad o truco empleado por éstas para sortear su obligación de suprimir la paga extra de Navidad a sus funcionarios.
Hacienda ha advertido por carta a los ayuntamientos que suspenderá todas las actuaciones que no se hayan ajustado a la ley y que exigirá responsabilidades administrativas e incluso penales a los alcaldes que se la salten.
Según confirman fuentes del Ministerios, su primer paso ha sido ordenar a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno recabar toda la información disponible sobre la gestión de este asunto por parte de las corporaciones locales "con el fin de comprobar que (la supresión de la paga extra de Navidad) está siendo efectivamente aplicada".
En concreto, el departamento que dirige Cristóbal Montoro está exigiendo a los ayuntamientos certificar formalmente tanto la aprobación en Pleno Municipal, como exigía la ley, del acuerdo de no disponibilidad que inmovilizaba los créditos presupuestarios correspondientes a la paga de Navidad, como el conjunto de conceptos retributivos abonados en la nómina de diciembre.
El propósito de este rastreo es "evitar posibles fraudes de ley", dicen en Hacienda, después de que un puñado de ayuntamientos anunciaran distintas estrategias para sortear la restricción legal de abonar la paga de Navidad en 2012.
Cómo no dejar a los funcionarios sin paga de Navidad
El Gobierno ha remitido hasta cinco comunicaciones formales a los ayuntamientos recordándoles el carácter básico de la supresión de la paga de Navidad y, por tanto, la obligación legal de no abonarla en 2012 a todos su personal, tanto funcionarios, como altos cargos o personal laboral.
Su esfuerzo no impidió que un puñado de ayuntamientos y comunidades autónomas buscaran resquicios legales en la normativa estatal para no dejar a sus funcionarios sin paga navideña.
El Gobierno incluso se vió obligado a recurrir al Tribunal Constitucional para frenar la intención del Gobierno Vasco de hacer efectivo el complemento salarial navideño.
La decidida acción del Ejecutivo en este caso atemperó las intenciones municipales.
Ayuntamientos como los de Barcelona, Bilbao, Murcia o Vitoria optaron por anticipar la paga de verano, en su totalidad o parcialmente, a los primeros días de enero en una maniobra para cumplir su promesa de abonar una paga de Navidad sin incumplir la ley.
Algunos de ellos incluso aseguraron contar con el visto bueno de Hacienda para esta maniobra. El Ministerio no lo niega. "Analizaremos caso por caso. El espíritu de la medida es reducir a una las pagas extra de 2012 y que este ahorro puntual de este año no se convierta en un gasto extra en 2013 o en ejercicios posteriores".
Más peliagudos parecen, por tanto, los casos de Navarra o el ayuntamiento madrileño de Becerril de la Sierra que han cerrado acuerdos que incluyen adelantos sucesivos de las pagas de verano a navidad y de navidad a verano hasta dentro de varios años a la espera de compensar a los funcionarios en la esperanza de que a esas alturas el agobio de sus arcas públicas sea inferior.
Tampoco parece que superen el análisis de Hacienda las corporaciones, algunas del PP, que han decidido ceder la paga extra a organizaciones caritativas. La ley exigía no abonar la paga extra de Navidad pero también no destinar los recursos ahorrados a ningún otro fin, por muy elevado que éste fuera.
Responsabilidad penal
El secretario de Estado de Administración Pública, Antonio Beteta, detalló el 5 de diciembre en una carta al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, las posibles consecuencias de este incumplimiento.
En el caso de que Hacienda detecte alguna irregularidad en la gestión de la paga extra requerirá a la corporación de turno la anulación de la misma y, en el caso de que no la anulara, la impugnará ante los tribunales y solicitará su inmediata suspensión.
La acción del Gobierno, advierte Beteta, podría no quedarse ahí. Hacienda podría llevar la actuación irregular del ayuntamiento al Tribunal de Cuentas con el fin de que se depuren las responsabilidades administrativas que correspondan e incluso podría exigir responsabilidades penales"a las autoridades y funcionarios que hubieran incumplido lo previsto en la ley".
Los representantes de los trabajadores tampoco se han quedado de brazos cruzados.
Los sindicatos representados en la Mesa de Función Pública, CSI-F y las federaciones de servicios públicos de UGT y CCOO, entre otros, anunciarán hoy un acuerdo para plantear una reclamación en la vía administrativa contra la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos.
Según fuentes sindicales, si ésta no prosperara se acudiría a la vía contencioso administrativa y, en última instancia, a la Audiencia Nacional para intentar recuperar la paga de Navidad de 2012 en todo o en parte.
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