Montevideo, 4 mar.- Militares procesados por delitos de la dictadura uruguaya (1973-1985) recurrieron por primera vez en un juicio la ley que en 2011 impidió la prescripción de los crímenes del régimen militar, para el caso concreto del asesinato del médico Vladimir Roslik en 1984, informaron hoy a Efe fuentes del proceso.
El recurso fue presentado en los últimos días en un juzgado de Fray Bentos, población ubicada a unos 300 kilómetros al noroeste de Montevideo, indicó la abogada Rossana Gavazzo, hija y representante legal del represor José Nino Gavazzo, condenado en 2009 a 25 años de prisión.
Según su hija, la jueza Livia Pignataro, que lleva el caso de Roslik, abierto el año pasado, aplicó en su argumentación la ley aprobada por el oficialismo de izquierdas en octubre último para evitar que prescribieran los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura.
"Este es el primer caso de todos los escritos de prescripción que hemos presentado en el que en primera instancia la jueza dice que aplica la ley", explicó la abogada.
Frente a esa argumentación "presentamos dentro del juicio un recurso que se denomina excepción de inconstitucionalidad", agregó.
Ahora la magistrada "tiene la obligación de suspender todas la actuaciones y elevarlo a la Suprema Corte de Justicia, que debe decir si es constitucional o inconstitucional la ley", explicó la letrada.
En noviembre pasado Gavazzo ya presentó recursos de inconstitucionalidad en una decena de casos, aunque aquellos estaban aún en la etapa sumarial.
Este último recurso interpuesto considera que la ley argüida por la jueza Pignataro viola el principio de irretroactividad de las normas legales.
Roslik falleció el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería Número 9 de Fray Bentos tras ser torturado, lo que lo convirtió en la última víctima mortal de la represión del Gobierno de facto. El caso fue reabierto por la Justicia en 2011.
El pasado 1 de noviembre se cumplía el plazo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) había fijado para la prescripción de los delitos cometidos por el Estado en la dictadura, aunque solo para un caso concreto, porque no puede pronunciarse a nivel global sino proceso por proceso.
La ley que impide la extinción de los crímenes, aprobada por el oficialista Frente Amplio haciendo valer su mayoría parlamentaria, fue calificada de inconstitucional por diversos expertos, que la consideraron además un obstáculo para la administración de justicia porque iba a ser recurrida.
Por otra parte, este domingo el diario El País informó de que militares retirados y familiares de víctimas de exguerrilleros tupamaros presentaron una denuncia penal contra ocho de ellos por el asesinato en 1972 del coronel Artigas Álvarez, hermano del dictador Gregorio Álvarez (1981-1985), extremo que no pudo confirmar Efe.
Entre los acusados hay personas fallecidas, radicadas en el exterior o que ya estuvieron en prisión, sostiene el rotativo.
La guerrilla tupamara, en la que participó el actual presidente uruguayo, José Mujica, y varios de sus ministros, combatió varios gobiernos constitucionales y la dictadura en los años sesenta y setenta del siglo pasado.
Por su lucha, Mujica y otros miembros del Ejecutivo uruguayo y del Frente amplio pasaron varios años en prisión, algunos en duras condiciones por ser considerados rehenes de la dictadura.
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