Copenhague.- El Gobierno islandés anunció hoy la convocatoria para el próximo 6 de marzo de un referendo sobre la ley que reglamenta la indemnización a ahorradores extranjeros por la quiebra del banco Icesave durante la crisis de otoño de 2008.
El desencadenante de la consulta popular, la primera en la historia del país, fue la negativa del presidente de Islandia, Olafur Ragnar Grimsson, a firmar la ley aprobada por el Parlamento el pasado 30 de diciembre.
La "ley Icesave", como se la conoce popularmente, establece el pago de 5.000 millones de dólares a los gobiernos de Reino Unido y Holanda por garantizar préstamos a los ahorradores de estos países que perdieron sus inversiones con la quiebra de Icesave, la división de Internet del Landsbanki, nacionalizado por el Estado islandés.
El Parlamento había aprobado la pasada semana la convocatoria de un referendo, siguiendo lo que establece la Constitución, antes del 6 de marzo, fecha finalmente elegido hoy por el Gobierno, anunció en Reikiavik la ministra de Justicia, Ragna Árnadóttir.
Los últimos sondeos difundidos la semana pasada mostraban un rechazo de hasta el 60 por ciento de los electores a la "ley Icesave", que si es rechazada en la consulta colocaría al país en una situación comprometida.
Reino Unido y Holanda, a través de la Unión Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), han bloqueado el pago de los nuevos plazos de la ayuda internacional concedida hace un año en préstamos a Islandia por un total de 6.000 millones de dólares, a la espera de que se resuelva el "caso Icesave".
También peligra el proceso de negociación para el ingreso de Islandia en la UE, solicitado formalmente hace medio año por las autoridades islandesas.
El Gobierno islandés reiteró hoy su intención de cumplir con sus obligaciones internacionales y su "compromiso total" para implementar los acuerdos con Reino Unido y Holanda.
Los líderes del Gobierno de coalición entre socialdemócratas y verdes y los de la oposición, contrarios a la ley, han mantenido sin éxito varias reuniones para tratar de alcanzar un nuevo acuerdo que pudiera impedir la convocatoria de un referendo, aunque Reino Unido y Holanda se han mostrado contrarios a renegociar el trato.
El Parlamento islandés ya había aprobado el 28 de agosto pasado una primera versión de la "ley Icesave", tras introducir varias modificaciones sobre los plazos de pago y las condiciones al acuerdo inicial alcanzado por el Gobierno islandés con los países afectados.
La oposición británica y holandesa obligó no obstante a una nueva negociación, que significó en la práctica un regreso al acuerdo anterior y que fue aprobada el mes pasado por 33 votos a favor y 30 en contra.
Pero Grimsson optó por ejercer su derecho a no firmar la ley, haciéndose eco del descontento de buena parte de la población, plasmado en una petición en contra de las indemnizaciones firmada por más de 56.000 personas, un cuarto del electorado total de este país de apenas 320.000 habitantes.
Islandia ha sido uno de los países más golpeados por la crisis mundial, que colapsó el sistema bancario en octubre de 2008 tras años de bonanza y una política ultraliberal conducida principalmente por el conservador Partido de la Independencia, dominador de la política islandesa desde su separación de Dinamarca en 1944.
Las protestas consiguientes se llevaron por delante al Gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas y provocaron la convocatoria de elecciones anticipadas en abril de 2009, que dieron paso al primer gobierno de izquierda en la historia de Islandia.
El Gobierno de la socialdemócrata Jóhanna Sigurdardóttir ha tenido que afrontar una situación económica muy delicada, con la inflación y el paro disparados, una deuda enorme y la corona islandesa por los suelos.
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