Japón investigará a 263 gestoras de activos a raíz del caso AIJ

  • El Gobierno japonés decidió hoy abrir una investigación sobre 263 gestoras de activos del país, después de revelarse que una de las empresas de este sector, AIJ, habría ocultado la pérdida de los fondos de pensiones que gestiona.

Tokio, 27 feb.- El Gobierno japonés decidió hoy abrir una investigación sobre 263 gestoras de activos del país, después de revelarse que una de las empresas de este sector, AIJ, habría ocultado la pérdida de los fondos de pensiones que gestiona.

La Agencia de Servicios Financieros, órgano dependiente del Ejecutivo, busca obtener una radiografía de la industria a través de esta investigación, que podría obligar a las gestoras a presentar documentos que establezcan el estado actual de sus operaciones, informó la agencia Kyodo.

El anuncio se produce después de que el viernes se hiciera público que la gestora AIJ Investment Advisors ocultó supuestamente durante años la pérdida de la mayoría de los 210.000 millones de yenes (unos 1.700 millones de euros) en fondos de pensiones de sus clientes, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.

Por ello, la Agencia de Servicios Financieros decidió congelar los activos de los clientes de AIJ hasta que este organismo y la Comisión de Vigilancia de Valores y Cambios de Japón concluyan una investigación para determinar a dónde han ido a parar los fondos.

Aún se debe determinar si éstos se han perdido debido a inversiones fallidas o si fueron desviados a otro lugar por la propia empresa.

Según el diario económico Nikkei, la Comisión de Vigilancia de Valores, que llevó a cabo la investigación preliminar, sospecha que AIJ puede haber canalizado los fondos a fideicomisos de inversión privada en las Islas Caimán, un paraíso fiscal, lo que hace más difícil seguir los flujos de dinero.

AIJ, que había mantenido un buen rendimiento incluso tras la caída de Lehman Brothers en 2008, aseguraba a sus clientes que generaba beneficios estables a partir de sus inversiones en "stock-options", los derechos de compra sobre las acciones que tienen los directivos de las compañías.

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