Barcelona, 11 feb.- El juzgado que mantiene imputada a la antigua cúpula de Catalunya Caixa por los sobresueldos de sus exdirectivos, entre ellos Narcís Serra y Adolf Todó, ha ampliado la la investigación a dos operaciones inmobiliarias acordadas en 2010, que el fiscal cree arriesgadas en tiempos de crisis.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Jaime Conejo -que sustituye al juez que inició la investigación, Joan Maria Pijuan, que se ha jubilado-, ha ratificado la ampliación de la investigación a estas dos operaciones, relativas a la promoción "Alcalá 120 Promociones y Gestión Inmobiliaria" y al "Grupo Habitat".
El Fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado pidió al juez que mantuviera abierta esta segunda línea de investigación, que había reclamado la acusación popular ejercida por Ausbanc, al entender que ambas operaciones contienen elementos "sospechosos de conductas irregulares", en el marco de una supuesta administración desleal llevada a cabo por la antigua cúpula de la entidad.
En concreto, el fiscal considera que las dos operaciones fueron "arriesgadas", en un entorno de crisis económica, y que no se correspondieron con "una diligente observancia de los intereses de la entidad bancaria".
El juez ha ratificado ahora en un auto su decisión inicial de ampliar la investigación a estas dos operaciones, por lo que desestima el recurso presentado por los exdirectivos de Catalunya Caixa imputados.
En concreto, el juez investigará dos operaciones inmobiliarias que fueron acordadas en el Consejo de administración del 13 de octubre de 2010, justamente en una de las dos reuniones directivas en las que también se acordaron los sobresueldos que llevaron al magistrado a imputar a 54 miembros de la entonces cúpula directiva.
En uno de los casos, se investiga el acuerdo para renovar cuentas de crédito por valor de 30 millones de euros para atender el pago aplazado de una parcela en Cabeza de Torres (Murcia), a través de la cancelación parcial de una hipoteca bancaria con mera garantía personal, con una pérdida esperada, según el fiscal, de casi tres millones de euros.
En el escrito de la fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público subraya que esta operación fue "arriesgada", al situarse en un contexto de crisis económica y porque "no debe olvidarse que la inversión en el sector inmobiliario ha sido una de las causas del hundimiento de la mayoría de cajas de nuestro país y, en concreto, de Catalunya Caixa".
El segundo acuerdo que ahora se investiga, también ratificado en la misma reunión del consejo de administración, comportó la renuncia a las garantías reales por parte de la entidad sobre las fincas de Promociones Habitat, una inmobiliaria que se encontraba en concurso de acreedores.
"Tal decisión -remarca el fiscal-, no se corresponde, en principio, con una diligente observancia de los intereses de la entidad bancaria, quien en todo caso velará por reforzar sus garantías de cobro y no por disminuirlas".
Los abogados de Narcís Serra y de Adolf Todó recurrieron contra la decisión del juez, del pasado 7 de noviembre, de ampliar la investigación a estas dos operaciones -luego se añadieron al recurso la mayoría de imputados-, al entender que les dejaba en una situación de "flagrante indefensión".
El fiscal admite que la resolución inicial del juez aceptando esta ampliación de la investigación se tendría que haber motivado en un auto -y no en una mera providencia-, si bien considera que no se ha afectado el derecho a defensa de los imputados, porque han podido recurrir.
"La mera irregularidad procesal no conlleva la nulidad" de la decisión de ampliar la investigación, remarca el fiscal.
En su nuevo auto, fechado el pasado 3 de febrero, el juez avala esta argumentación y ratifica su decisión de ampliar la investigación porque entiende que sus argumentos no han quedado "en nada desvirtuados" por las alegaciones de los recurrentes.
El anterior juez instructor, Joan Maria Pijuan, subrayó en un auto de octubre pasado que existen indicios de que Narcís Serra pudo participar en un delito de administración desleal, junto al exdirector general de Caixa Catalunya Adolf Todó y otros 52 miembros del consejo de administración, por aprobar sobresueldos a exdirectivos con la entidad financiera en plena crisis.
En su declaración como imputados ante el juez, el pasado 21 de octubre, Serra y Todó defendieron la legalidad de los aumentos salariales aprobados en 2010 y alegaron que fueron avalados por el Banco de España y recomendados por consultas externas.
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