Barcelona, 27 nov.- Una juez de Barcelona ha dejado a las puertas de ir a juicio al expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) Antoni Marsal, y a varios de los miembros de su cúpula, acusados de saquear la entidad apropiándose de cerca de 630.000 euros, de los que casi la mitad eran ayudas públicas.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe y del que hoy informa el periódico El País, la titular del juzgado número 18 de Barcelona, Carmen García, da por finalizada la instrucción y da diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o pidan el sobreseimiento de la causa.
La juez concluye que procede enviar a juicio a Marsal y a otros cinco acusados -entre ellos sus principales antiguos colaboradores en la cúpula de la UPM-, por apoderarse de forma ilícita de fondos privados de la entidad y de fondos públicos mediante "facturas mendaces".
Marsal, que en mayo del pasado año fue detenido por la Guardia Civil por esta causa, abandonó la UPM en junio de 2012, cuando trascendió que un grupo de trabajadores se habían querellado en su contra por apropiarse indebidamente de fondos de la patronal por un importe de 630.000 euros, por lo que le acusaron de los delitos de malversación, apropiación indebida y falsedad documental.
De esta cantidad, cerca de 300.000 euros corresponderían a ayudas públicas que el Estado y la Generalitat otorgaron a la UPM para que organizara cursos de formación, según la querella.
Según la juez, Marsal, que empezó a dirigir la UPM a finales de 2006, emitió "facturas mendaces" como responsable de las mercantiles MCR y Cuatro 21, por trabajos que las mismas no prestaron a la Patronal del Metal que presidía, con el fin de justificar su "ilícito apoderamiento".
El dinero que se apoderó Marsal lo ingresó en cuentas en el extranjero no declaradas en España, según concluye la juez al finalizar la instrucción.
Junto a Marsal, también queda a las puertas de ir a juicio el exdirector de la UPM Ángel Hermosilla, acusado de autorizar los pagos a MCR y Cuatro 21, pese a saber que se trataba de facturas mendaces, según la juez.
En el caso de Hermosilla, la juez también resalta que autorizó el pago con cargo a fondos públicos de la Generalitat a su esposa, Margarita Sánchez, también acusada, por trabajos sobre cursos de formación encargados por la UPM a Cuatro 21 y MCR que ésta no había realizado.
Tras la detención del expresidente de la Patronal del Metal, la juez le impuso a Marsal en mayo de 2013 una fianza de un millón de euros, que no hizo efectiva, por lo que se acordó embargarle una finca rústica en Bellver de Cerdanya (Lleida).
La Unión Patronal Metalúrgica, que se define como la patronal regional del metal más importante del sur de Europa, se constituyó en 1977 y actualmente representa a unas 18.500 empresas en las que trabajan 250.000 personas. EFECOM.
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