La Audiencia repone al presidente de AMA Seguros

  • La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la inhabilitación impuesta por la Dirección General de Seguros contra el presidente de Agrupación Mutual Aseguradora, Diego Murillo, y dos secretarios, Manuel Campos y Manuel Sánchez. Los hechos se remontan a junio de 2008 y han conllevado la imputación del director general de Seguros por presunta prevaricación.
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La Sección Sexta de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente la inhabilitación y suspensión de sus cargos impuesta por la Dirección General de Seguros contra el presidente de A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, Diego Murillo, y dos secretarios de la mutua, Manuel Campos y Manuel Sánchez.

La Audiencia justifica la decisión de reponer a los tres directivos en sus cargos por la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado 22 de abril, que anuló las medidas de control especial dictadas por Seguros contra A.M.A. La Audiencia revoca así un anterior auto suyo de 13 de noviembre de 2009, en el que había mantenido la inhabilitación temporal.

Guerra judicial

La reposición de los tres directivos de A.M.A. supone un paso más en el respaldo que la Justicia viene dando a las tesis de la mutua en el largo conflicto que esta entidad ha mantenido en los últimos tres años con la Dirección General de Seguros.

Diego Murillo ha declarado, nada más conocer hoy la noticia, que “siempre he confiado en la Justicia, que en apenas seis meses desde que presenté mi renuncia condicionada, ha respaldado doblemente mi actuación al frente de A.MA., y desde luego voy a seguir adelante hasta la total reposición de mi imagen”.

El pasado 4 de diciembre, a las 14.20 horas, la Dirección General de Seguros remitió una resolución a A.M.A. en la que no inhabilitaba ni al presidente ni a los dos secretarios, pero instaba bajo amenazas a que fuese la propia mutua la que los inhabilitase, para lo cual daba un plazo de cinco días.

Según un comunicado de prensa remitido por A.M.A., para evitar a la mutua cualquier posible perjuicio, los tres afectados presentaron sus renuncias a sus cargos, por imperativo del requerimiento recibido de Seguros, y condicionadas al resultado de los recursos presentados

Una semana antes, el 27 de noviembre, el Juzgado madrileño de Instrucción número 51 había apreciado que la actuación de Ricardo Lozano contra A.M.A. podía ser constitutiva de delito, tanto de prevaricación a la hora de resolver sus resoluciones contra dicha aseguradora y sus consejeros, como por haber empleado para sus resoluciones distintos anónimos y otros documentos obtenidos de manera ilícita.

En la ampliación de la querella anterior, también admitida a trámite y presentada por A.M.A el 21 de enero de 2010, se acusa al director general de un delito de calumnias y otro continuado de prevaricación por unas declaraciones atribuidas a él y aparecidas en un diario en las que se acusaba al Consejo de A.M.A. de haber desviado 40 millones de euros de sus mutualistas.

Además, existen otras querellas, interpuestas por el expresidente y dos antiguos consejeros de A.MA., que acusan a Lozano de vulnerar el artículo 441 del Código Penal, al tener en su domicilio particular la sede de una empresa, denominada Versus AIF, que apodera su mujer, y que se dedica desde hace ocho años a la realización de trabajos y gestiones administrativas en régimen de apoyo a empresas, a la vez que comercializa sistemas informáticos para cálculos actuariales del sector del seguro, actividades expresamente prohibidas para funcionarios según el citado artículo.

En una de sus declaraciones como imputado ante ese Juzgado de Instrucción, Ricardo Lozano reconoció expresamente que, en el domicilio particular que comparte con su cónyuge, tiene su sede una empresa que apodera su mujer.

En paralelo, la sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por unanimidad de sus tres magistrados, notificó el pasado 28 de abril la sentencia que anula la medida de control especial impuesta por el director general de Seguros, Ricardo Lozano, contra A.M.A.

La sentencia contempla también la posibilidad de que la mutua reclame el resarcimiento por los perjuicios ocasionados por la actuación administrativa anulada, de acuerdo al correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración.

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