La COAG cree que el acuerdo "mantiene una foto fija con criterios políticos"

Madrid, 21 ene.- La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que el acuerdo alcanzado hoy en la Conferencia Sectorial de Agricultura, para aplicar la Política Agraria Común (PAC) entre 2015 y 2020, "mantiene una foto fija" y atiende más a "cheques regionales" que a los agricultores.

En un comunicado, ha asegurado que "Ministerio y Comunidades Autónomas han priorizado el mantenimiento del 'status quo', consolidando las ayudas a los 'agricultores de sofá', en detrimento del modelo social y profesional de agricultura", ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.

Según Blanco, esta reforma "mira más al pasado que al futuro", con una definición de agricultor activo "insuficiente para medir el grado de profesionalidad, aunque se haya aumentado al 20 % de los ingresos agrarios".

Tras alcanzar el acuerdo, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha apuntado que no se considerarán agricultores activos aquellos cuyas ayudas directas de la PAC sean superiores en un 80 % a sus ingresos agrarios.

Es decir, si alguien recibe 100.000 euros en ayudas de la UE, por lo menos tendrá que obtener 20.000 euros de ingresos por la venta de productos agrarios en el mercado y, "si no llega a esto, perderá los 100.000" de la subvención de la UE.

COAG cree insuficiente este porcentaje de ingresos que, en su opinión, "deja la puerta abierta a los 300.000 perceptores, no profesionales, que cobran ayudas de la PAC".

Por otro lado, según COAG, este acuerdo deja fuera a "miles de agricultores profesionales de frutas, hortalizas y viñedo, un total de millón de hectáreas".

Para los sectores ganaderos, ha demandado un aumento de los controles de registros ganaderos para comprobar que la dimensión de la explotación está acorde con las hectáreas de pastos asociadas.

En cuanto a las ayudas acopladas, destinadas a sectores con riesgo de abandono o con problemas, y situadas en un 12 % del total de pagos directos, ha pedido que se eleve al 15 % permitido por la UE.

Ha mostrado además su "preocupación" por la reducción estatal de los fondos de desarrollo rural, de un 50 % a un 30 %.