San Juan, 27 may.- La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico busca alternativas para hacer frente a la compra de combustible, a pesar de la difícil situación financiera de la compañía estatal, cuya reestructuración podrá ponerse en marcha tras la firma hoy de la ley de reforma energética.
El director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, aseguró este martes en un comunicado que la compañía tiene opciones, ya que, aunque en el ámbito financiero se haya podido restringir su acceso a las líneas de crédito, también puede buscar recursos internos, mientras combate el hurto de electricidad y gestiona mejor el cobro de deudas.
Puerto Rico tiene el estatus de Estado Libre Asociado a Estados Unidos.
El representante de los consumidores en la Junta de directores de la AEE, Juan Rosario, reconoció este martes a Efe que la dirección de la compañía estatal debió recurrir a cien millones de dólares de fondos propios para afrontar la compra de combustible, después de que el viernes pasado se quedara sin crédito para pagar a su único proveedor, la compañía brasileña Petrobras.
Rosario detalló que se trató de la transferencia de cien millones de dólares del denominado fondo de mejoras capitales a la cuenta empleada para la adquisición de combustible.
En teoría, ese fondo no se puede utilizar para la compra de combustible, por lo que la compañía dispone de un plazo de un mes para reponer la cantidad y resolver el problema de solvencia de capital.
El directivo indicó que se trata de una situación de emergencia y que esos cien millones de dólares sólo sirven para adquirir el combustible que se precisa para dos semanas de producción.
Rosario subrayó que el motivo de esa situación de emergencia responde a las gigantescas deudas que mantienen otras corporaciones públicas con la AEE, que, según dijo, ascendían el pasado 31 de marzo a 299 millones de dólares.
"Para solucionar la situación se debe de acabar con los subsidios viciosos", subrayó Rosario, para quien la raíz del problema reside en los subsidios a otras compañías estatales, residenciales públicos, iglesias y un largo etcétera.
"Eso sin contar con las alcaldías, que en Puerto Rico no pagan electricidad", indicó sobre los problemas financieros de la AEE.
Como ejemplo puso el subsidio de cincuenta millones de dólares a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) que se favoreció para que esa compañía bajara el precio del agua, algo que nunca ocurrió.
Por otro lado, Alicea recordó que históricamente la AEE ha utilizado unas líneas de crédito para cumplir con sus compromisos, pero a raíz de la degradación del crédito de Puerto Rico los bancos se reservan los derechos de revisar los términos y condiciones de las mismas.
Sobre Petrobras, indicó que la AEE tiene un plan de pago que garantiza la compra de combustible, un proceso que está bajo el escrutinio de las autoridades ante la publicación de cifras escandalosas sobre precios y salarios de quienes lo llevan a cabo.
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, solicitó este martes al Departamento de Justicia que llegue hasta las últimas consecuencias en la pesquisa sobre los procesos de compra de combustible.
Para tratar de acabar de una vez por todas con la ineficiencia y problemas económicos de la AEE, y sobre todo con el objetivo de bajar el elevado costo de la luz, que lastra la competitividad de Puerto Rico, el gobernador Alejandro García Padilla firmó este martes una ley que reforma el sector y trata de aumentar el control sobre esta compañía, que monopoliza el mercado.
La Ley de Reforma del Sector Eléctrico de Puerto Rico enmienda la ley orgánica de la AEE y obliga a ejecutar iniciativas que mejoren el uso de fuentes renovables.
"Desde hoy la Autoridad de Energía Eléctrica tiene la obligación legal de 'atemperarse' a los retos del Siglo veintiuno, mientras permanece en manos del pueblo de Puerto Rico", resaltó el gobernador al firmar la norma.
La nueva ley establece que se asegure el suministro del servicio de energía eléctrica a un costo asequible y que los precios estén basados en el costo real del servicio, además de ordenar a la AEE a iniciar un proceso de revisión de sus tarifas dentro de un término de 180 días.
La reforma establece un término de tres años -prorrogable a cuatro-, a partir del 1 de julio de 2014, para que Puerto Rico comience a producir el 60 % de su energía de forma "altamente eficiente".
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