La Generalitat mantiene su previsión de un nuevo impuesto para pisos vacíos

Barcelona, 1 ago.- El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, mantiene su intención de crear un impuesto que grave los pisos vacíos en manos de la banca y los promotores con el objetivo de incentivar el mercado de alquiler.

Vila ha explicado hoy que la dirección general de Tributos y la secretaría de Vivienda de la Generalitat han estudiado y "precisado los contenidos" de este nuevo tributo, por lo que el tema se debatirá en el segundo semestre de este año, "para valorar cuándo" se pone en marcha.

"Es un tributo absolutamente necesario que nos servirá de estímulo para dinamizar el mercado del alquiler", ha asegurado el conseller, que ha querido dejar claro que el impuesto que se apruebe en los próximos meses apenas diferirá del contenido que la conselleria avanzó en abril.

Santi Vila ha recordado, además, que la creación de este impuesto se enmarca en el acuerdo de legislatura entre CiU y ERC, que ya recogía la posibilidad de "estudiar la aplicación de medidas impositivas o medidas de otra índole para incentivar la entrada en el mercado de alquiler de las viviendas desocupadas propiedad de sociedades mercantiles".

Tal como se plantea hoy, el impuesto para gravar los pisos vacíos sólo afectará a los inmuebles que estén en manos de la banca y de los promotores y que lleven más de dos años desocupados.

El Ejecutivo catalán, por tanto, excluirá de este impuesto a las personas físicas, así como a las viviendas de protección social y las que se localicen en municipios con poca demanda.

Según el censo elaborado por la Generalitat en colaboración con el Colegio de Registradores de Cataluña, actualmente hay unos 80.000 pisos nuevos vacíos, unos 450.000 si se cuentan también los de segunda mano.

Parte de los pisos vacíos que hay en Cataluña procede de promociones que acabaron en manos de la banca nacionalizada, que a su vez ha traspasado la mayoría de los inmuebles al banco malo, la Sareb, aunque estas entidades en manos del Estado todavía tienen en balance los pisos de valor inferior a los 100.000 euros.

La Generalitat, además, tiene localizados unos 70 municipios donde existe una demanda acreditada de pisos y, en cambio, se acumulan las viviendas vacías.

La idea del Gobierno catalán es gravar allí los pisos desocupados de personas jurídicas, pero bonificarles luego esa cantidad si los ponen en alquiler.