La Guardia Civil imputa a 7 personas por presunto comercio ilegal de semillas

  • El SEPRONA ha imputado a siete personas por presunto comercio ilegal de semillas de cereales, que vendían sin su correspondiente certificado, dentro de una campaña dirigida a a disuadir a los agricultores de su compra.

Madrid, 31 dic.- El SEPRONA ha imputado a siete personas por presunto comercio ilegal de semillas de cereales, que vendían sin su correspondiente certificado, dentro de una campaña dirigida a a disuadir a los agricultores de su compra.

Los imputados, todos pequeños distribuidores de semillas, proceden de Navarra, Burgos, Segovia, León y Salamanca, ha explicado a EFE el capitán del SEPRONA Salvador Ortega.

Durante la campaña, la segunda que se realiza para atajar este negocio ilegal, la Guardia Civil ha realizado 148 inspecciones.

El delito consiste en no respetar la propiedad industrial de las semillas con patentes y que, por norma general, implican una mejora genética para hacer la planta de cereal más resistente a las plagas y hacerla más productiva.

Según explica el capitán Ortega, de la siembra de 5.000 kilos de semilla certificada de cereal se saca una cosecha muchísimo mayor, pero al año siguiente el agricultor solo puede volver a sembrar 5.000, porque no ha comprado la patente del resto del grano.

"Ni se puede replantar ni se puede vender a terceros la simiente", subraya Ortega, de lo contrario es una vulneración de la legislación.

En este contexto, apunta a que el agricultor a veces es víctima pero en otras ocasiones no, ya que se le ofrecen las variedades más productivas al precio de las de generaciones anteriores.

Hay variedades de semillas que ya han perdido la patente y son de uso libre, pero las patentadas son resultado de una inversión "importante" de tiempo y dinero por parte de las empresas del sector.

Durante esta segunda campaña, que se prolongó durante seis semanas, "el objetivo ha sido bloquear a los distribuidores que venden las llamadas R2 (semillas de segunda generación)".

Según cálculos de expertos del sector, el agricultor que defrauda se ahorra alrededor de dos euros por hectárea, que es lo que valdría pagar la patente.

Con respecto a la primera que se ejecutó en 2012, el Seprona ha advertido que sí existe una mayor prevención por parte de los agricultores.

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