La inflación deja más de 187 millones de euros en obras públicas sin constructor

La obra pública vive un momento crítico en España. Igual que otros tantos sectores productivos, una inflación disparada desde medidados del año pasado e instalada en el 7,6%, el de la construcción sufre por el aumento de los precios de los materiales y de la electricidad, mientras que cada vez más licitaciones se quedan desiertas. De acuerdo con los datos del publicados por el Portal de Contratación del Estado, que recoge estas licitaciones en ayuntamientos y comunidades de la mayor parte de España, hasta el pasado 23 de marzo 357 proyectos públicos de construcción de la Administración no recibieron ninguna oferta por parte del sector privado. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) apunta a la lentidud administrativa para adaptarse al escenario actual como uno de los motivos del problema.

Estas cifras se traducen en al menos 187 millones de euros de inversión pública paralizados por la falta de ofertas. Ciudad Real es la provincia que acumula más dinero en el limbo de las licitaciones en lo que va de año, con 10 proyectos bloqueados con un valor en conjunto de 30 millones de euros, mientras que Valencia es la región con más construcciones paralizadas, con 23, aunque su montante solamente asciende a los 11 millones de euros. El podio lo completa la provincia de Alicante, donde el número de licitaciones desiertas alcanza las 19, con presupuesto de 22,8 millones de euros. La media económica presupuestada en estos proyetos alcanza los 558.427 euros.

No obstante, el problema de la Administración para encontrar constructores no empieza en 2022, simplemente se ha cronificado a lo largo de los tres primeros meses del año una tendencia que se empezó a fraguar durante el segundo semestre del 2021, cuando la CNC contabilizó un total de 484 proyectos cuyos procesos de adjudicación fueron declarados como desiertos, por lo que la cifra económica asciende llega a los 417 millones de euros hasta la fecha. Desde la Confederación apuntan a que los mecanismos de adaptación de los precios de los materiales de construcción no es lo suficientemente ágil como para adaptarse a unas fluctuaciones tan pronunciadas como las de los últimos meses. 

"La Administración actúa en base a unos precios desfasados que no recogen el alza de la inflación, están muy por debajo de la realidad del mercado ahora mismo", apuntan desde la patronal, que alerta de que esta problemática tendrá sus derivadas en el empleo y, sobre todo, en los servicios públicos que no se están cubriendo. Desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras cifran este alza en los principales materiales de construcción. El incremento más pronunciado ha sido el del aluminio, que se ha encarecido un 33%, seguido de la madera (32%), el cobre (22%) o el acero corrugado (21%). Y todo esto sin contar la factura energética de las obras, un sector alto consumo eléctrico.

"Entre los centenares de proyectos que han quedado desiertos aparecen obras cuya parálisis impacta en la vida de millones de personas", destacan desde la CNC. Es el caso del Colegio Público Integrado Ana María Navales, en Zaragoza, donde no se han presentado ofertas para la construcción de 18 nuevas aulas para educación infantil y primaria, en un proyecto que fue presupuestado por 6,8 milones de euros. O la situación que atraviesa el municipio menorquino de Fornells, que había proyectado la edificación de un bloque con 11 nuevas viviendas de protección oficial para la localidad, igual que en Sant Llorenç des Cardassar, donde la falta de ofertas ha bloqueado la edificación de otras 15 VPO. La sanidad tampoco es ajena a la parálisis de la obra pública. En la provincia de Salamanca, por ejemplo, no hay ninguna empresa que se haya postulado para construir el centro médico local del pueblo de Muñoz, cuyo presupuesto apenas asciende a los 44.804 euros.

La solución, argumentan desde la CNC, pasa por "establecer un sistema automático de reequilibrio de precios que permita hacer frente a ese sobrecoste y que tenga en cuenta las alteraciones posteriores a la presentación de ofertas". Algunas comunidades autónomas, como Andalucía, ya han actualizado sus índices de precios para adaptarlo al actual clima de inflación, pero la gran mayoría de organismos de la Administración sigue trabajando con unos baremos que dificultan enormemente que el número de licitaciones desiertas descienda. 

El problema energético

Para paliar esta situación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó a principios de mes por Real Decreto una fórmula que permite hacer una revisión excepcional de las cuantías de los contratos públicos. En caso de que la el incremento de los costes materiales haya alcanzado un 5% el importe total del contrato, el montante económico asignado por la Administración para la ejecución de esa obra podrá modificarse al alza hasta un tope del 20% del valor original del acuerdo con las empresas. Sin emargo, este mecanismo no se aplica al precio de la energía eléctrica, que puede llegar a suponer el 30% de los costes en una gran cantidad de estos proyectos.

Algo que también es aplicable al incremento de los combustibles desde la invasión rusa en Ucrania, que ha multiplicado la volatilidad de los mercados energéticos. "Para la producción de cemento, por ejemplo, la energía puede alcanzar el 55% del coste total. En la elaboración de cerámica y ladrillo, supone casi las dos terceras partes. Y su peso también resulta especialmente significativo para producir acero o betún, o para usar maquinaria y otros materiales electrointensivos", resumen desde la CNC.