El máximo órgano judicial francés, que inicialmente debía pronunciarse el miércoles, confirmó la constitucionalidad de una ley de octubre de 2014 que regula el transporte de pasajeros y refuerza las sanciones contra los transgresores.
El Consejo Constitucional ratificó la aplicación de un código de Transportes que condena "el hecho de organizar un sistema de contacto de clientes con personas que se dedican" al transporte de pasajeros sin ser una empresa registrada legalmente.
Esa infracción puede ser multada con dos años de cárcel y 300.000 euros de multa.
El órgano judicial estimó igualmente que esa disposición no tenía "ni como objetivo ni como efecto" la prohibición de la conducción compartida, como afirmaba la empresa californiana.
UberPop es un servicio disponible en numerosos países europeos, que ofrece la posibilidad de ser transportado a precios mucho más baratos que los que practican los profesionales. En Francia provocó violentas protestas de taxistas y chóferes registrados.
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