París, 16 jun.- Los diputados franceses inician mañana el debate sobre la reforma del sector ferroviario en un ambiente enrarecido por una huelga de trenes que llega a su séptimo día consecutivo y que da ciertas muestras de radicalización aunque las cifras de participantes disminuyen progresivamente.
La compañía ferroviaria SNCF anunció hoy el programa de trenes que circularán mañana, que supondrá una "mejora notable" tanto en los cercanías, como en los regionales y en los de alta velocidad.
En un comunicado, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) precisó que en las líneas de largo recorrido, entre las más afectadas por la protesta estarán las que conectan con España (sólo se mantendrán uno de cada tres convoyes) y con Italia (uno de cada dos).
Por lo que respecta a los trenes de alta velocidad (TGV) con recorrido dentro del territorio francés, funcionarán según los trayectos entre un 40 % y dos tercios del total.
No habrá ninguna suspensión en los Eurostar que conectan con Londres, ni en los Thalys que van a Bélgica, Holanda y el norte de Alemania.
En los regionales, se suspenderán el 60 % de los servicios y la mitad de media en las líneas de cercanías de París.
El director de recursos humanos de la SNCF cifró en más de 100 millones de euros las pérdidas que acumula la empresa a causa de este paro, convocado por dos centrales sindicales, la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT, 35 % en las elecciones de marzo) y Sud Rail (17 %).
Más de la mitad de ese dinero es lo que la compañía ha dejado de ingresar por los trenes que no circulan, a lo que hay que añadir indemnizaciones y rebajas en los abonos a los usuarios habituales para compensar las perturbaciones.
De acuerdo con la SNCF, la tasa de huelguistas bajó hoy al 14,08 %, frente al 17,49 % del pasado viernes y al 27,84 % el primer día de la protesta.
Los organizadores de la huelga exigen la retirada del proyecto de ley cuyo trámite se inicia mañana en la cámara de diputados, y a la que el Gobierno reiteró hoy que no dará marcha atrás, por boca del primer ministro, Manuel Valls.
La CGT y Sud Rail consideran que la fusión prevista en ese proyecto de ley de la SNCF con el gestor de infraestructuras RFF no es suficiente para dar garantías a los trabajadores sobre el mantenimiento de su estatuto de cara a lo que temen en particular, la apertura del sector a la competencia.
En el texto se prevé formalizar esa fusión a partir de una triple estructura: una entidad SNCF que gestionará el conjunto y luego una filial dedicada a la infraestructura y otra consagrada a la explotación de los trenes.
El objetivo de ese montaje es impedir que se siga inflando la deuda de los dos organismos estatales que subsisten hoy, y que representa 44.000 millones de euros.
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