La UE intenta desbloquear el presupuesto para 2012

  • Los gobiernos de los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo intentan hoy llegar a un acuerdo sobre un presupuesto del bloque para 2012 que combine la austeridad con el fomento del crecimiento y el empleo.

Bruselas, 18 nov.- Los gobiernos de los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo intentan hoy llegar a un acuerdo sobre un presupuesto del bloque para 2012 que combine la austeridad con el fomento del crecimiento y el empleo.

La tarea no se presenta fácil en el Consejo de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) en el que se celebra un proceso de mediación entre los Veintisiete delegados de los Estados Miembros y un número equivalente de miembros del Parlamento Europeo para intentar acercar las posiciones entre las dos partes, aún muy distantes tanto en la partida de compromisos como en la de pagos.

El ministro holandés de Finanzas, Jan Kees de Jager, indicó a su llegada a la reunión que las negociaciones serán "muy difíciles".

"Los Estados miembros tienen un claro mandato, el de aceptar un aumento del 2 % en la partida de créditos de pago, es decir un incremento que equivale a la inflación, y espero que el Parlamento Europeo lo acepte porque en toda la UE estamos efectuando medidas de austeridad y recortes presupuestarios y sería un poco extraño si después el presupuesto de la Unión subiera", señaló.

El ministro finlandés para Asuntos Europeos y Comercio Exterior, Alexander Stubb, dijo que era normal un "poco de drama a última hora" en la confección y aprobación del presupuesto anual de la UE, pero confió en que al final todos llegarán a un acuerdo sobre las cuentas de las instituciones europeas.

Las negociaciones se producen en un marco de extrema presión y a contrarreloj, dado que la fase de mediación, que dura 21 días, se acaba el próximo lunes y si no hay acuerdo la Comisión Europea tendrá que presentar una nueva propuesta.

Si el presupuesto para 2012 no es aprobado antes de fin de año, la Comisión podrá gastar cada mes y para cualquier partida no más de una duodécima parte de las dotaciones presupuestarias de 2011 o de su propuesta para el próximo ejercicio fiscal.

Por contra, si los Veintisiete y el Parlamento llegan a un acuerdo tienen 14 días tras la finalización del nuevo texto para aprobar formalmente el presupuesto.

No sería la primera vez que ambas partes no llegasen a un acuerdo. El año pasado no lo hubo y la CE tuvo que elaborar un nuevo borrador. No obstante, el presupuesto llegó a aprobarse a tiempo.

No se descarta que esta situación pueda repetirse este año. El problema es que las posiciones del Consejo Europeo y del Parlamento están muy alejadas, porque, mientras que los Veintisiete insisten en la austeridad, la Eurocámara ha aumentado en el trámite parlamentario considerablemente la partida de pagos.

El Ecofin ya recortó en julio el presupuesto presentado por la Comisión, que quiere 147.763 millones de euros en créditos de compromiso y 132.669 millones de euros en créditos de pago -aquellos que se abonarán el próximo año-, lo que supone un incremento del 3,9 % y del 4,9 %, respectivamente, con respecto a 2011.

Los Estados Miembros han presentado un presupuesto que contempla compromisos de 146.245 millones de euros, un 2,9% más, y pagos de 129.088 millones, un 2,0 % más, lo que supone la congelación del presupuesto en términos reales al ajustarse a la inflación prevista.

Frente a ello, el Parlamento ha acercado el presupuesto más a los niveles defendidos por la CE (+3,9 %) en cuanto a los compromisos, pero ha subido considerablemente la parte de pagos (+5,2 %), lo que sube esa partida a 133.139 millones de euros.

Ese aumento corresponde sobre todo a la preocupación de la Eurocámara por fomentar la competitividad con el fin de impulsar el crecimiento y el empleo, incrementar las ayudas para los territorios palestinos y aumentar también los fondos para el sector agrícola.

Los ministros también tendrán que dar su visto bueno a una enmienda de la CE al presupuesto de 2011 para cubrir gastos pendientes por 550 millones de euros.

En caso de un presupuesto limitado, se podrá incluir una declaración conjunta en la que los países garanticen los pagos necesarios que se tendrían que hacer, señalan las fuentes.

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