Lamela intercedió ante Arias Cañete para volver a extraer uranio en España

Manuel Lamela, ex número dos del ministro Arias Cañete y ex Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, fue contratado por una empresa minera para que intercediera ante el Comisario de Energía Europeo y se pudiera llevar a cabo la construcción de una mina de uranio a cielo abierto en Retortillo (Salamanca). El proyecto ha suscitado múltiples críticas debido a que se desarrollaría en una zona medioambiental protegida y supone reanudar este tipo de actividad, paralizado en el 2000.

La empresa australiana Berkeley contrató a Lamela el 26 de diciembre de 2014, pese a que ahora trabaja para el sector sanitario privado y no tiene experiencia en el sector energético, el ámbito nuclear o el entorno comunitario. Lamela inscribió su despacho personal, Acountax, en el registro de lobbies de la Unión Europea, un mes después del nombramiento de Arias Cañete como Comisario de Energía, el 1 de noviembre de 2014. Acountax se registró siendo la empresa Berekeley su único cliente y ésta, a su vez, su único lobista autorizado.

Pocas semanas después de la contratación de Lamela por parte de Berkeley, ésta sometió su proyecto de mina de uranio en Salamanca al examen de la Unión Europea. Este examen lo llevó a cabo el Euratom, el organismo responsable de coordinar los programas nucleares comunitarios, que depende del departamento del Comisario de Energía, Miguel Arias Cañete. La evaluación del proyecto se saldó con un dictamen positivo por parte de la CE y fue firmado y ratificado en mayo de este mismo año por el propio Cañete.

Manuel Lamela no cuenta con experiencia en el campo energético ni minero, pero sí lo hace en el ámbito agrícola y sanitario. En el primero, debido a que fue subsecretario del departamento del Ministerio de Agricultura, que entonces dirigía Miguel Arias Cañete, desde abril de 2000 a diciembre de 2003, dentro del gobierno de José María Aznar. Juntos gestionaron catástrofes como las del Prestige o la crisis de las vacas locas. A su vez, fue Consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, de 2003 a 2007.

Según Berkeley, "en su informe la Comisión resaltaba los progresos realizados por la empresa en el cumplimiento de las obligaciones de comunicación a la UE que establece el artículo 41 del Tratado del Euratom, al tiempo que destacaba que el proyecto de Retortillo responde a la estrategia energética de la Unión Europea". Pero se desconocen los argumentos del comisario que validaron el proyecto, ya que el informe está clasificado, "a petición de la propia empresa".

La empresa niega la vinculación de Manuel Lamela y Miguel Arias Cañete, debido a que le han contratado por su experiencia "como Abogado del Estado, experto en asuntos de derecho administrativo". "Berkeley tiene relaciones habituales con la Unión Europea y con organismos comunitarios como el Euratom. La práctica habitual y aceptada para mantener estas relaciones con las instituciones de la UE es a través de despachos profesionales debidamente registrados ante la UE, como para el que trabaja el Sr. Lamela".El proyecto de extracción de uranio

Los planes de la empresa australiana suponen reanudar la actividad de la minería de uranio en España, que lleva paralizada desde el año 2000. El proyecto se realizará por fases y pretende la construcción de cuatro minas en España. La primera sería la de Retortillo, en Salamanca, que también ejercería la función de almacén de residuos radiactivos del proceso. Las otras tres serían: en la Zona Siete, 10 kilómetros al norte de Retortillo y la que se supone que cuenta con mayor riqueza de uranio, la de Alameda de Gardón, también en Salamanca, y, por último, la de Gambuta, en Peraleda de San Romá, Cáceres.

Para el proyecto "Retortillo-Santidad" se ha concedido la explotación de 2.517 hectáreas de extensión, entre los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, y se estima que se desarrollará en 11 años. Implicará un movimiento de tierras superior a 200.000 m³ anuales, cinco megavoladuras a la semana, debido a que la mina sería a cielo abierto, y el procesado de 2.000.000 toneladas de mineral de baja ley al año. Se estima que se extraerán 657 toneladas de óxido de uranio al año.

El proyecto fue autorizado en España por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pese a la oposición de varios componentes, como la exministra socialista Cristina Narbona. La autorización definitiva fue concedida por el Ministerio de Industria el pasado 25 de septiembre, a través de la Secretaría de Estado de Energía.

Varias organizaciones, asociaciones y partidos políticos han mostrado su rechazo, debido al posible tráfico de influencias y a que la explotación estaría ubicada en una zona de gran valor ecológico y ambiental. La zona está protegida actualmente mediante dos directivas europeas: Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Para Ecologistas en Acción, Arias Cañete "está completamente deslegitimado para ocupar su puesto y debería ser destituido de forma inmediata". Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia del actual consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el Parlamento regional, para que explique las relaciones entre Lamela y Cañete. Asociaciones como Stop Uranio planean movilizaciones a raíz del escándalo, que se sumarán a las ya emprendidas contra el proyecto.