Directivos de Caixa Galicia y Caixanova han propuesto a los sindicatos la tramitación a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) de las prejubilaciones, que se aplicarán a partir de los 55 años y cuyo carácter será voluntario. Las cajas han aclarado que no promoverán el ERE, sino que sólo lo aceptarán si hay acuerdo en la mesa de negociación.
En relación a esta vía para "instrumentalizar" las prejubilaciones, que cuenta con el rechazo inicial de CIG, UGT y CGT, Csica ha precisado que las dos entidades no la reconocen como "evidente" o "inmediata", mientras que CC.OO. ha subrayado de que sería "un ERE atípico" por tratarse, en este caso, de una medida "voluntaria".
En declaraciones a los medios tras la segunda reunión de la mesa laboral, los sindicatos han informado de que la oferta de las cajas se centra en conceder entre un 70% y 75% del salario fijo a los empleados que se acojan a las prejubilaciones. En concreto, defienden mantener un 70 por ciento del salario fijo y seguir realizando aportaciones al plan de pensiones o bien el 75 por ciento sin esas asignaciones.
El objetivo de las dos entidades es cubrir la totalidad de los"excedentes" de sus plantillas, que estiman en torno a los 1.200 trabajadores, con prejubilaciones de empleados, cuya antigüedad mínima en ambas empresas ha de ser de 15 años. En un principio, tendrán prioridad aquellos que tengan cumplidos los 55 años hasta el 31 de diciembre y, en caso de que no sean suficientes, se incorporarían los que cumplan 55 en 2011.
En un comunicado, Caixa Galicia y Caixanova han sostenido que unos 1.200 trabajadores podrían acogerse a las prejubilaciones, aunque han apuntado que en su programa de reordenación también incluyen bajas voluntarias incentivadas, ofertas de reducción de jornada y otras fórmulas para tratar el "excedente de plantilla" durante los próximos cinco años".
Sobre las bajas incentivadas, han propuesto compensar --según han asegurado los sindicatos-- con 35 días de salario por año trabajado con un tope de 33 mensualidades. Al igual que en el caso de las prejubilaciones, ambas entidades han resaltado el carácter voluntario de esta opción. Movilidad geográfica
Asimismo, han abogado por indemnizar con 3.000 euros a los trabajadores que tengan que desplazarse de sus oficinas actuales a otras situadas en un entorno de entre 25 --tope máximo establecido en el convenio colectivo de las dos entidades-- y 100 kilómetros, mientras que esa cuantía ascenderá a 10.000 euros en caso de superarse los 100 kilómetros.
En cuanto a los oficinas que se verán afectadas por el proceso de fusión, cuyo total asciende a 300, según las estimaciones iniciales de las cajas, éstas han adelantado este martes que 180 de ellas están ubicadas en la comunidad gallega; entre 80 y 85 en otros puntos del Estado y el resto en empresas y ámbito internacional.
A raíz de estos datos, la CIG ha estimado que de los 1.200 trabajadores que se verán afectados por el proceso de fusión, unos 900 corresponderían a Galicia. CC.OO. ha advertido de que este no es un dato oficial, pero ha admitido que podrían situarse "en ese entorno". No obstante, Csica ha huido de ese cómputo y ha abogado por recurrir a datos "serios, de rigor y eficientes".
Respecto a la homologación de las condiciones laborales, ambas entidades han destacado la necesidad de respetar las actuales y de no incrementar el coste salarial bruto.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios