Las comunidades están en pie de guerra por los impuestos de las cajas

Hoy, el Banco de España decide si da vía libre o no a los planes de capitalización de las cajas de ahorros. El sector, sometido a una reestructuración sin precedentes, deja un saldo de ganadores y perdedores que se amplía a sus comunidades autónomas de origen–muchas de ellas en una maltrecha situación financiera-, cuyas arcas se benefician o sufren según donde tributen cada uno de los nuevos grupos.

En 2008, el Gobierno de Cantabria ingresó 71,9 millones de euros en impuestos por operaciones societarias –del 1%- por la ampliación de capital realizada por Banco Santander en plena crisis financiera, nada menos que 7.190 millones de euros. Es sólo un ejemplo del impacto que tienen en las comunidades autónomas las operaciones que realizan sus grandes entidades financieras.

Aunque desde el sector de las cajas de ahorros se apunta a que el impacto impositivo de las fusiones entre cajas es limitado -los más grandes, el impuesto de sociedades o el IVA, son impuestos estatales- la realidad es que los gobiernos autonómicos tienen derecho a estar preocupados.

En juego está cobrar o no impuestos diferidos a las comunidades como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

En el ITP y en el AJD coexisten tres impuestos distintos. El que más puede afectar a las cajas es el de operaciones societarias. Es decir, el que se refiere a las operaciones de financiación de las empresas, como las ampliaciones de capital.Un aspecto clave para los nuevos grupos de cajas que, según el Banco de España, deben levantar en los mercados o pedir ayudas públicas para tapar su déficit de solvencia de 14.077 millones de euros.

Es decir, que habría 140 millones en juego para las comunidades autónomas si las cajas estuvieran en disposición de conseguir estos fondos, tanto en colocaciones privadas como en salidas a bolsa.

No es menos importante la modalidad de los actos jurídicos documentados. Es decir, los impuestos que tienen que ver los documentos mercantiles, administrativos y notariales. Es decir, un buen puñado de millones de euros si se tiene en cuenta que la mayoría de las fusiones en marcha y los procesos de creación de bancos requieren aún un sinfín de trámites administrativos.

Máxima confusión

Desde las cajas se reconoce que las diferentes versiones utilizadas para la concentración del sector –SIP o fusiones frías, fusiones puras y absorciones- y, ahora, la creación de bancos malos, han creado una extraordinaria confusión incluso para las propias entidades.

Ninguna entidad es igual. Por ejemplo, Banca Cívica, cuya sede social está en Sevilla y la operativa en Madrid, mantiene sin embargo la personalidad jurídica, la gestión de la banca minorista y la continuidad de la obra social de cada una de las cajas: Navarra, Cajasol, Canarias, Guadalajara y Burgos.

En Banco Mare Nostrum (BMN) –formado por Murcia, Penedés, Granada Sa Nostra-, la sede operativa del banco y la sede social estarán en Madrid, pero las sedes sociales de las cajas estarán en sus respectivos territorios.

La cosa se complica para las entidades que han creado bancos malos. Menos en el caso de La Caixa, cien por cien catalana; y bastante en el de Bankia, que agrupa siete cajas -Caja Madrid, Bancaja, Caja Rioja, Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Ávila- distintas.

El banco que preside Rodrigo Rato dejará sus activos malos y gran parte de las filiales participadas en Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y trasvasará el negocio bancario a Altae, que se quedará con la marca Bankia.

El resultado es que, a la espera del diseño definitivo que realice el grupo, como Altae tiene su sede social en Madrid, Valencia pierde el domicilio de Bankia, y conserva sólo la de la matriz de esta entidad, BFA.

Esta bicefalia debe ser ahora organizada desde el punto de vista impositivo, ya que Bancaja vendió como un éxito el haber logrado la sede social del SIP y, por tanto, que los impuestos de la tercera entidad financiera española, con 275.000 millones en activos, se quedaran en la Comunidad Valenciana.

Con la nueva fórmula, deberán hacerse nuevos ajustes y la manera de saldar cuentas con el fisco dependerá, en gran parte, de cómo consolide BFA su participación en Bankia, que será mayoritaria y, por tanto, tendrá la posibilidad de inyectarse todos los beneficios del banco bueno.

Pero, ¿quién gana y quién pierde? A la espera del mapa definitivo, que puede sufrir alteraciones, las comunidades autónomas andaluza y madrileña son las grandes triunfadoras. La primera se queda con la sede social de Banca Cívica y del grupo que integrará a Unicaja con Caja España.

Mientras, Madrid hace valer su papel de capital financiera. Se queda con la sede social de BMN y, salvo sorpresa, recupera los de Bankia que estaban en manos de Valencia.