Las grandes eléctricas exigen medidas “inmediatas” y “drásticas” a la ue

Las diez mayores compañías energéticas de Europa integradas en el grupo Magritte han reclamado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) que adopten medidas “inmediatas” y “drásticas” para garantizar el futuro energético del continente.
Las grandes eléctricas –Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Enel, Cez Group, ENI, E.ON, GasTerra, GDF Suez, OMV y RWE— señalaron en una nota de prensa que reiterarán, a través de nueve recomendaciones, la necesidad de adoptar decisiones “ambiciosas pero realistas y oportunas”, en la cumbre europea de este jueves y viernes.
En mayo del año pasado, los responsables de estas compañías alertaron sobre el estado “crítico” del sector energético europeo al manifestar que las políticas europeas y nacionales actuales estaban “amenazando” la seguridad del suministro, aumentando las emisiones de CO2 y desincentivando las inversiones.
Además, contribuían a “elevar el coste de las facturas para los ciudadanos y la industria”, por lo que consideran que la solución debe venir a través de una política energética europea “más armonizada, más interconexiones, mayor competitividad, y claridad y estabilidad regulatorias”.
RECOMENDACIONES.
Con el objetivo de facilitar la adopción de medidas para facilitar que los ciudadanos cuenten con un acceso a “energía limpia y segura a un precio competitivo”, los consejeros delegados de las eléctricas han presentado a la cumbre europea nueve recomendaciones.
Entre ellas se incluyen medidas para conseguir precios más competitivos y plantean la necesidad de fijar un solo objetivo de reducción de CO2, recuperar el mercado europeo de emisiones y establecer mecanismos de pagos por capacidad para asegurar el suministro.
Además, proponen incorporar las tecnologías renovables más maduras al mercado con una reducción paulatina de las subvenciones y estimular la producción nacional de gas.
Las eléctricas instan a los Estados miembros a eliminar de las facturas de gas y electricidad “todas las cargas que no reflejen los costes de producción, transmisión y distribución”, y a que reconozcan que los altos precios de comercialización “son resultado de tasas y gravámenes adicionales de carácter nacional”, y de otros costes de política social y medioambiental.