Moncloa tira de hemeroteca: la 'argucia' de la Ley de Estabilidad tiene precedentes

  • El Gobierno recuerda que la Mesa del Congreso, controlada por PP y Cs, no puede tumbar los acuerdos alcanzados en Comisión.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen en la Moncloa
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen en la Moncloa
RICARDO RUBIO/ EUROPA PRESS

El Gobierno ha estudiado a fondo los precedentes para intentar amarrar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria vía 'argucia' legislativa: a través de una enmienda introducida en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Mientras el PP afirma que la maniobra tiene escaso sustento jurídico y está dispuesto a llegar al Tribunal Constitucional, Moncloa tira de hemeroteca y pone sobre la mesa dos acuerdos similares en los que los propios populares argumentaron que la Mesa del Congreso no puede tumbar los acuerdos alcanzados en Comisión.

El Ejecutivo de Sánchez está retorciendo la normativa del Congreso para intentar sacar adelante esta reforma que burlaría el veto del PP en el Senado y abriría la puerta a los Presupuestos de 2019. Moncloa recuerda que "el histórico es claro: la Mesa del Congreso no puede revisar los acuerdos alcanzados en Comisión,al igual que ha sucedido en otras ocasiones". 

Los documentos aportados por el Gobierno son una reunión de la Mesa del Congreso de 24 de junio de 2014 en la que el propio órgano de dirección de la cámara tuvo que admitir varias enmiendas, tal y como se acordó en la Comisión de Justicia y no pudo hacer nada para rechazarlas. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que se trata de un argumento legal y añaden que el PSOE se prepara para enfrentarse a la oposición en la Comisión de Justicia que se celebrará este jueves.

Este es el documento que aporta Moncloa para defender que su maniobra no vulnera el reglamento de la Cámara:

El PP, por su parte, se prepara junto a Cs para tumbar este atajo del Gobierno. Ya ha activado toda su maquinaria jurídica. Incluso, fuentes jurídicas consultadas por La Información aseguran que el mecanismo utilizado por el Grupo Socialista es dudosamente constitucional y no soportará el análisis de los letrados.

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