Los ajustes fiscales en España y Portugal pasan sin reservas por el Ecofin

Bruselas.- Los severos ajustes fiscales anunciados por España y Portugal para restablecer la confianza de los mercados y contribuir a la estabilización de la zona euro pasaron hoy sin reservas por el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).

Tras su presentación anoche a los miembros de la zona euro (Eurogrupo), todos los socios europeos escucharon hoy la explicación de las autoridades españolas y portuguesas, que desgranaron las medidas de austeridad anunciadas en ambos países para acelerar la reducción de sus respectivos déficit públicos.

Según fuentes diplomáticas españolas, ninguna delegación pidió la palabra después de que el Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, comunicara en nombre de España el alcance de los recortes del gasto previstos para 2010 y 2011.

Por su parte, el ministro portugués de Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, explicó a los medios que sus homólogos europeos habían considerado "positivas, valientes y debidamente identificadas" las medidas de consolidación en Portugal, que a diferencia del caso español, incluyen una subida de impuestos.

Respecto a una subida fiscal, la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Elena Salgado, que presidió la reunión del Ecofin, dejó claro en rueda de prensa que, en este momento, "no hay ninguna propuesta, ningún estudio concreto".

Por la mañana, en Madrid, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en declaraciones a RNE, había asegurado que el Gobierno sí está evaluando una subida impositiva para las rentas más altas.

Preguntada en rueda de prensa por esas declaraciones, Salgado recordó que tanto el presidente del Gobierno como ella misma habían repetido en varias ocasiones que el ajuste se plantea únicamente como reducción del gasto público.

"Eso es lo que hemos anunciado y lo que hemos presentado", indicó, para agregar: "por supuesto que nada está excluido, pero en este momento no hay ninguna propuesta ni ningún estudio concreto" a propósito de una subida de impuestos en España.

En la misma rueda de prensa, el comisario europeo de Asuntos económicos y monetarios, Olli Rehn, opinó que las medidas adicionales de ambos países "van claramente en la buena dirección".

Rehn insistió, no obstante, en que el Ejecutivo comunitario tiene que proceder ahora a una evaluación "cuantitativa y cualitativa" de los dos paquetes de medidas, y confirmó que presentará su dictamen a los ministros europeos los días 7 y 8 de junio.

"Son medidas difíciles, pero necesarias", se limitó a decir Rehn.

El comisario explicó que ambos planes reflejan el "Pacto de consolidación" al que llegaron hace diez días los Veintisiete, como condición para la puesta en marcha de un mecanismo de rescate por valor de 750.000 millones de euros destinado a ayudar a los estados del euro que puedan caer en la insolvencia.

Rehn puntualizó que "la consolidación es una prioridad, pero es importante una diferenciación de los esfuerzos según la situación" de cada país.

Grecia, Portugal y España son los casos más evidentes, según el comisario, de países que tenían que acelerar su consolidación fiscal.

Por el contrario, los que disponen de margen todavía tendrán que tener cuidado de que la reducción de sus déficit no ponga en peligro la incipiente recuperación de la economía europea.

Sobre el impacto del ajuste, la ministra española Elena Salgado confirmó que revisará a la baja, en unas décimas, la previsión de crecimiento económico en España para 2011, pero aclaró que "menor crecimiento del previsto no quiere decir crecimiento negativo".

El Consejo de ministros también escuchó hoy las recientes propuestas de Bruselas encaminadas a mejorar la coordinación de las políticas económicas en Europa y a prevenir crisis de la deuda como la que ha obligado al rescate de Grecia.

Hoy, la CE anunció la entrega a este país de 14.500 millones de euros.

El dinero transferido es parte del mecanismo de ayuda internacional valorado en 110.000 millones de euros para los próximos tres años, de los cuales 80.000 millones provienen de los países miembros de la zona euro y el resto del Fondo Monetario Internacional (FMI).