Los empresarios advierten a Sánchez de un desfase de 10.000 millones en sus PGE

Con las negociaciones de los Presupuestos de 2019 atascadas y el Ejecutivo planteándose ya la posibilidad de gobernar con las cuentas que elaboró el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los empresarios se suman a las advertencias que consideran sobrestimadas las previsiones del Gobierno. El Círculo de Empresarios calcula que hay un desfase de hasta 10.083 millones de euros y considera que la "falta de rigor" de las nuevas cuentas públicas "compromete la creación de empleo" y hace "peligrar" la sostenibilidad del Estado de bienestar.

Así lo señala la organización en la toma de posición crítica sobre el proyecto de Presupuestos para 2019 pactado entre el Gobierno y Unidos Podemos, en el que recoge que Funcas y el Banco de España estiman que la economía española crecerá en términos nominales un 0,2% menos (3,9%), lo que daría lugar a un desfase negativo de los ingresos públicos de 2.069 millones de euros, que podría incrementarse hasta 10.083 millones de euros si se producen determinadas desviaciones.

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En concreto, estas son 407 millones de euros de gasto adicional de las medidas anunciadas por el Gobierno, según la estimación de la AIReF, otros 1.212 millones de euros si, como prevé el Banco de España, el déficit en 2018 se sitúa en un 2,8% del PIB, frente al objetivo del 2,7% pactado con la Comisión Europea, y 6.395 millones de euros de menor recaudación media anual por la recurrente sobrestimación desde 2014 de los ingresos tributarios presentados en los PGE.

La organización señala que las medidas anunciadas por el Ejecutivo "penalizan la economía española en términos de crecimiento y creación de empleo y dificultan el avance de la competitividad y de la productividad", y opina que "no respeta el marco institucional presupuestario español" al establecer una senda de consolidación fiscal no aprobada por el Parlamento, incumpliendo de esta manera la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la regla de gasto y el techo de gasto del Estado.

"El Gobierno desaprovecha el actual crecimiento de la economía española para reducir el déficit estructural y llevar a cabo medidas de eficiencia del gasto", critica la organización, que se refiere también al ajuste estructural del gasto en 2019, que en porcentaje sobre el PIB caerá hasta un 40,9%, matizando que esta previsión se explica por el avance del PIB nominal del 4,1%, y no por la reducción del volumen de gasto del conjunto de las administraciones, que según el proyecto de PGE aumentará un 3,1% anual.

A su juicio, el incremento de los gastos públicos se basa en una proyección de ingresos tributarios sobrestimados de forma recurrente en los proyectos de PGE, que parte de un contexto económico más favorable que el actual en el que no se ha tenido en cuenta la incertidumbre internacional generada por diversos factores.

Entre otros, cita el incremento de precios del petróleo (actualmente en torno a los 65-70 dólares el barril de Brent), el reciente aumento de la prima de riesgo española por encima de los 115 puntos, el encarecimiento del crédito a familias y empresas, y la normalización de la política monetaria del BCE a finales del verano de 2019.

De igual forma, denuncia que, en el acuerdo con Podemos, el Gobierno propone un aumento de los impuestos a las empresas sin tener en cuenta el coste en términos de seguridad jurídica, competitividad y atracción de inversión directa extranjera o, entre otras cuestiones, el reducido tamaño medio de la estructura empresarial española.

Concretamente, sobre el establecimiento de dos nuevos umbrales (tipo nominal del 23% para empresas que facturen menos de 1 millón de euros y tipo efectivo mínimo del 15% en pequeñas y medianas empresas que facturen más de 20 millones de euros) opina que "desincentiva el crecimiento del tamaño de las empresas en un contexto global en el que ganan importancia la relación del tamaño empresarial y la mejora de la competitividad".

Además, añade que la facturación media de las empresas medianas españolas se sitúa en torno a 28 millones de euros, por lo que cree que "sí penalizaría de forma evidente a este segmento empresarial y desincentivaría el necesario crecimiento del tamaño de las empresas".

Tampoco ve con buenos ojos la subida de la base máxima de cotización de la Seguridad Social de entre un 10% y un 12% prevista, ya que "detrae capacidad a las empresas para reducir su nivel de endeudamiento (72% del PIB), incrementar la inversiones en bienes de equipo y mantener y generar empleo estable".

Respecto a la subida pactada de un 22% del Salario Mínimo advierte de que provocará destrucción de empleo, aumento de la economía sumergida y el aumento de la desigualdad.

"Las subidas tributarias anunciadas y la creación de nuevos impuestos sin esperar una solución coordinada a nivel europeo no solucionan el diseño ineficiente del sistema tributario español, ya que no abordan una reforma fiscal integral que permita aumentar la competitividad, ampliar las bases imponibles y reducir la economía sumergida", añade.

En su lugar, lamenta que se ha optado por incrementar "sin visión de largo plazo" el esfuerzo fiscal de las familias y empresas sin tener en cuenta que "aún arrastran un elevado nivel de endeudamiento de aproximadamente un 130% del PIB".

"El cálculo electoral de corto plazo con el que se ha negociado y diseñado el proyecto de PGE no contempla las reformas estructurales que requiere España, en un contexto de elevado endeudamiento y déficit público que reducen el margen de maniobra de la política fiscal ante una posible recesión, haciendo peligrar la sostenibilidad del Estado de Bienestar", avisa.

Por último, señala que, aunque se produjera una posible prórroga de los PGE actuales, el Gobierno debería evitar la aprobación de estas medidas vía decreto ley, ya que "carecen de rigor presupuestario y no ofrecen soluciones a los problemas que persisten en la economía española".