Los empresarios proponen una simplificación de la autorización ambiental que ahorraría 383 millones de euros

Las patronales CEOE y Cepyme proponen una simplificación de la llamada Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ahorraría 383 millones de euros para las empresas entre 2013 y 2015 y afectaría a más de 5.000 instalaciones.
Las organizaciones empresariales proponen un conjunto de soluciones para este procedimiento administrativo “complejo” y con competencias compartidas entre los tres niveles de la Administración Pública, según un comunicado.
Se trata de soluciones que, además de contribuir a reducir costes, aceleran plazos para la puesta en marchas de numerosas instalaciones, mejoran la regulación y simplifican la tramitación del expediente ambiental para las empresas, ante la proliferación de legislaciones autonómicas, añaden.
Por todo ello, CEOE y Cepyme recomiendan que la legislación estatal de carácter básico sea lo más detallada posible para garantizar la unidad de mercado, dejando a las normativas autonómicas que, en la debida justificación y proporcionalidad, enriquezcan esa legislación en su ámbito.
CEOE y Cepyme piden también la creación de una base de datos general para todos los ámbitos, recogiendo legislaciones y procedimientos. También que, en el caso de la renovación de una AAI existente, pueda servir una comunicación formal a la autoridad competente, acompañada de una Declaración Responsable de que no se ha producido ningún cambio sustancial en la instalación, entre otras propuestas.
En España existen alrededor de 6.000 instalaciones que necesitan contar con una AAI como requisito para su puesta en marcha. Obtener una puede costar entre 6.000 y 300.000 euros, con una media estimada de 26.000. Además, hasta el momento de su obtención, transcurre una media de 20,4 meses, con el correspondiente retraso de planes para construir o ampliar una instalación.
Según las patronales, en el texto elaborado por CEOE, Cepyme y la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, se han incluido 183 medidas para simplificar y eliminar cargas administrativas, de las que 61 ya han sido adoptadas en Consejo de Ministros, lo que ha supuesto un ahorro anual de 916 millones de euros.