Madrid. Aprobada la norma por la que se adapta la ley regional de cajas al decreto estatal

El Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó hoy la Ley regional de Cajas de Ahorros que adapta esta norma al Real Decreto-ley estatal, con los votos a favor de PP y la abstención del PSM e IU.
El citado proyecto fue defendido por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, quien indicó que con esta nueva norma “se reduce y limita la representación del sector público en los órganos de gobierno, en aras a profesionalizar su gestión, se introducen las nuevas estructuras que pueden adoptar las cajas y se potencia la Obra Social, en su forma actual o bajo las nuevas estructuras que puedan crearse (fundaciones de carácter especial), que quedarán bajo protectorado de la Comunidad de Madrid”.
Explicó que esta nueva ley madrileña “pretende la despolitización absoluta de la gestión financiera, la libertad de actuación en el mercado y el fomento de la Obra Social que, en realidad, es la causa que justifica a este tipo de entidades“.
“El objetivo final no es otro que conseguir que las cajas de ahorros estén preparadas para enfrentarse a los retos del futuro, que estará presidido por el endurecimiento de los requisitos de solvencia a causa de las nuevas normas internacionales sobre regulación, supervisión, riesgo y solvencia de las entidades de crédito acordadas en los Acuerdos de Basilea III”, añadió.
Dijo que esta ley incorpora la nueva regulación estatal de las cuotas participativas a la normativa autonómica para que, además de los derechos económicos, se regulen los derechos políticos y de gestión que también les corresponden a los cuota-partícipes (nuevos accionistas privados).
Asimismo, indicó que se regulan los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), el ejercicio indirecto de la actividad de las cajas a través de entidades bancarias (es decir entidades cuya gestión financiera sea llevada a cabo por un banco y cuya obra social la siga gestionando la caja), y la transformación de las cajas en fundaciones de carácter especial (por propia decisión o porque las acciones de la Caja en el banco se reducen por debajo del 50%).
Además, se limita la representación pública hasta un máximo del 40%, porcentaje que se redistribuye entre los diferentes sectores de representación, incrementándose en el caso de los impositores y disminuyendo el de las corporaciones municipales en un 1,5%.
Los consejeros no podrán ser cargos políticos electos o altos cargos de la Administración o del sector público, y al menos la mitad de los vocales del Consejo de Administración y la totalidad de los miembros de la Comisión de Control deberán acreditar conocimientos y experiencia en el sector.
Con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de la obra social, la ley garantiza que las cajas de ahorros que ejerzan su actividad en la Comunidad de Madrid desarrollen obras sociales en proporción a los recursos captados en la región y de acuerdo con las directrices de la Comunidad de Madrid.
Además, la ley prevé que independientemente de las modificaciones estructurales que puedan sufrir las cajas, las entidades resultantes deben continuar con la Obra Social, destinando los mismos porcentajes previstos en la legislación.
Para garantizar su cumplimiento, se refuerzan las funciones de la Comisión de Obra Social, que contará con un representante de la Comunidad de Madrid, y se la vincula a la Asamblea General de la Caja.
Finalmente, la ley regula que el presupuesto de las fundaciones que las cajas pueden crear para desarrollar obras sociales debe ser autorizado por la Comunidad de Madrid y supervisado por la Asamblea General.
La oposición, que presentó varias enmiendas, optó por abstenerse al rechazar el PP todas ellas.
El diputado socialista Adolfo Piñedo pidió que la misma mayoría absoluta exigida para otorgar poderes al presidente de Caja Madrid, en este momento, Rodrigo Rato, se aplique para quitárselos, ya que se exige las dos terceras partes de la Asamblea General de Caja Madrid.
El diputado de IU Antero Ruiz explicó que está en contra de la ley estatal de cajas, dijo que es “impresentable", porque lo que hace es “privatizar y bancarizar las cajas”
Por otro lado, también salió adelante una enmienda presentada por el PP a la Ley Antibotellón que da poder a los ayuntamientos para que puedan escoger en qué zonas de sus municipios aplicar la nueva normativa que permite a los establecimientos que abren más de 18 horas al día, vender alcohol más allá de las 22.00 horas.