Madrid. Ccoo, ugt y la fravm apoyan la iniciativa de iu que defiende la expropiación de viviendas vacías

CCOO, UGT y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) dieron su apoyo hoy a la Proposición de Ley Reguladora de Derecho a la Vivienda en Madrid de IU, que incluye la posibilidad de expropiar viviendas vacías (aquellas que no hayan sido ocupada durante seis meses consecutivos en el curso de un año) y multas desde 1.000 hasta 9.000 euros para quienes incumplan la ley.
La secretaria de Política Territorial de UGT-Madrid, Susana Huertas, calificó esta iniciativa de “valiente” y el secretario de Política Territorial de CCOO-Madrid, Raúl Cordero, afirmó que con esta ley “se va por el buen camino porque plantea un modelo de desarrollo distinto que prima el acceso de los ciudadanos a sus derechos”.
El presidente de la FRAVM, Nacho Murgui, dijo que la propuesta de IU contrasta con la ausencia de políticas en materia de vivienda pública en la región y destacó la importancia de que se intervenga en las viviendas vacías y de que se cree un parque público de vivienda en alquiler.
Presentaron esta iniciativa legislativa el portavoz de IU de la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo; el coordinador regional de la coalición, Eddy Sánchez, y la diputada autonómica Carmen Villares.
Destacaron que esta iniciativa, que pretende “paliar la situación de la vivienda y los desahucios en la región”, incluye la creación de un “registro de viviendas deshabitadas, que deberá crearse en el plazo de dos meses tras la aprobación de la ley, así como la puesta en marcha de medidas para favorecer el alquiler de los inmuebles que pasa por subvenciones para propietarios y arrendatarios y entidades intermediarias”.
Además, se propone fomentar medidas de intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas que garanticen su efectiva ocupación, el aseguramiento de riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica de las viviendas alquiladas, además de otros incentivos fiscales que contribuyan a la ocupación.
Eddy Sánchez explicó que se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no haya suministro de agua o de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros y dijo que, con el fin de que cumpla lo acordado en la ley, habrá un Plan de Inspección, que tendrá una vigencia máxima de dos años, y que, en el caso de que haya incumplimientos, se establecerán sanciones de hasta 3.000 euros (leves), 6.000 euros (graves) y 9.000 euros (muy graves).
En ningún caso la sanción será inferior a los 1.000 euros.
“Las cantidades que se exijan como consecuencia de las multas impuestas con carácter sancionador se ingresarán en el patrimonio público de suelo de la administración actuante para su destino, con carácter finalista, a la financiación de políticas públicas que fomenten la efectividad del derecho a la vivienda”, señaló.
La citada iniciativa incluye una moratoria en la que se indica que, a partir de la entrada en vigor de la ley, el IVIMA está obligado a ofrecer a las familias afectadas por procesos de desahucio de viviendas del patrimonio del instituto una solución alternativa de realojo o la continuidad en la misma vivienda considerando las necesidades de la familia.
Asimismo, se tendrá en cuenta su capacidad de pago, en su caso, de una renta mensual de alquiler, que en ningún caso superará un tercio de los ingresos de la familia.
Además, la disposición adicional novena se refiere a la expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.
La expropiación será por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente.
“Esta Proposición de Ley es una muestra más de que IU es la alternativa a las políticas de empobrecimiento generalizado del PP y de que hay otras salidas a la crisis”, afirmó Gregorio Gordo.