Madrid. Upyd pide que los inquilinos de pisos del ivima vendidos a fondos de inversión no pierdan sus reducciones de renta

El diputado de UPyD de la Asamblea de Madrid Gabriel López propuso hoy, en declaraciones a Servimedia, que los madrileños con una vivienda del Ivima que ha sido vendida a una entidad privada no pierdan las reducciones de renta por sus precarias condiciones económicas al cambiar el propietario de su piso.
Pidió al Gobierno regional que “habilite un procedimiento para que quienes habitaran en una vivienda del Ivima puedan mantener esta reducción de la renta en los casos que este organismo oficial venda los inmuebles de los que es propietario”.
Se refirió al “reciente proceso de compraventa de 3.000 viviendas adjudicado al fondo Azora” y destacó que “éste fondo debía mantener los compromisos adquiridos por el Ivima, lógicamente respetando los plazos de ese compromiso y, de hecho, era una aspecto que se recoge en el informe de tasación soporte de esta operación”
“Tanto en las viviendas calificadas VPPA-OC-J (Viviendas con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de Compra para Jóvenes) como en las calificadas VPPA (Vivienda de Protección Pública en Alquiler), parte de las rentas actuales cuentan con determinadas deducciones en el precio, solicitadas por los arrendatarios y estimadas por Ivima conforme a lo dispuesto en los Decretos 226/98 y 230/00 y sus órdenes de desarrollo y demás disposiciones vigentes en la materia”, explicó López, quien indicó que las deducciones se conceden por un plazo de dos años”.
Aseguró que los compromisos adquiridos por Ivima “deben ser asumidos hasta su finalización” y dijo que “a tal efecto, se ha estimado la continuidad de la totalidad de las deducciones vigentes durante el plazo de un año, como periodo medio de plazo restante hasta la extinción de todas ellas”.
Además, dijo que “esto significa que a medida que vayan cumpliendo los dos años de vigencia de estas deducciones, el nuevo propietarios de las viviendas no tiene la obligación de mantener estas deducciones, y a partir de ese momento, el fondo si tendrá que respetar las condiciones contractuales, pero como hemos señalado antes esta deducción de renta no es una cláusula contractual”.
“De esta forma, los inquilinos con menos recursos pueden ver incrementada su renta exponencialmente y sin posibilidad de solicitar de nuevo la ayuda puesto que no cumplen el requisito de vivir en una vivienda del Ivima, porque han ha decidido venderlas a un tercero”, explicó López, quien destacó que “entenderemos que esto es un absurdo necesario solucionar”.
Afirmó que la Consejería de Transportes “pretende solucionar esta deficiencia con el programa de ayuda al alquiler de vivienda del Plan Estatal 2013 – 2016, aún pendiente de adhesión y de desarrollo en nuestra Comunidad”.
“Con independencia de que creemos que el tiempo corre para estas personas más rápido que los trámites administrativos y burocráticos y de la necesaria colaboración entre niveles administrativos, según el Real Decreto que regula este plan estatal, las ayudas tienen requisitos, plazos, topes y porcentajes diferentes de los que venían disfrutando”, manifestó.
Asimismo, manifestó que UPyD considera que “sería necesario revisar la normativa en lo que se refiere a los ingresos que dan derecho a estas ayudas e incluso que puedan extenderse, dadas las circunstancias actuales, a viviendas fuera del parque público”.