Mapfre paga 20 millones a las víctimas de Spanair, lejos de los 300 que piden los demandantes

La aseguradora Mapfre ha realizado un pago superior a los 20 millones de euros en concepto de indemnizaciones a 86 víctimas y perjudicados en el accidente del avión de Spanair siniestrado el 20 de agosto de 2008 con las que ha llegado a acuerdos totales o parciales. Calcula que el gasto total en indemnizaciones rondará los 32 millones de euros, frente a los cerca de 300 millones que solicitaron los alrededor de 200 reclamantes tras el accidente ocurrido, según fuentes jurídicas cercanas al caso.

Y esto supone que la compañía se reserva ahora apenas 12 millones de euros para el resto de afectados, unos 130, que se encuentran dentro de las 42 negociaciones en curso que mantiene la aseguradora, que ha fijado las cantidades atendiendo al baremo establecido por la legislación española, el de accidentes de tráfico, más un suplemento del 20%.

Sostienen que once de los 18 supervivientes han recibido su indemnización. No obstante, quedan todavía numerosos procesos en tribunales para determinar la responsabilidad penal por el accidente y la cuantía de las compensaciones que les deben ser abonadas.El baremo que determina las cuantías tiene más de 20 años

"Hay un conflicto de intereses, entre las víctimas a ser resarcidas y de las aseguradoras a hacer negocio y obtener grandes beneficios" dice el abogado Carlos Villacorta, que ha representado a varios afectados del accidente. "Y como todas las aseguradoras, el negocio es cobrar las primas más altas y pagar las indemnizaciones más bajas. Durante muchos años, la postura de Mapfre ha sido la de no querer pagar y rechazar cualquier indemnización que no fueran cantidades ridículas que se ofrecían a cambio de una renuncia total a acciones. Ahora parece que hay un ligero cambio de orientación y se han mostrado dispuestos a pagar más rápido, pero con unos criterios indemnizatorios muy insuficientes".

Los criterios vienen determinados por el baremo de accidentes de tráfico, un sistema de evaluación por muerte y daños físicos que se creó en el año 95 y que se aplica de forma obligatoria a los siniestros de carretera. Según los abogados, un baremo totalmente obsoleto y creado en un contexto socioeconómico radicalmente distinto, en un momento en que las cifras de siniestralidad multiplicaban por siete a las actuales. "El sistema tenía un coste muy alto para las aseguradoras y éstas consiguieron que el Gobierno de la época les permitiese hacer tranquilamente su negocio", asegura Villacorta.

En el caso de las indemnizaciones de Spanair, la aseguradora aplicó este baremo con un incremento del 20%, en línea con la jurisprudencia del siniestro del Yak-42 en Turquía y el accidente ferroviario de la localidad castellanomanchega de Chinchilla, en 2003. En este caso, se aplicó un "suplemento" del 30%.

Este baremo establece una indemnización máxima de 250.000 euros, contemplada, por ejemplo, en el caso de un fallecido que deje una viuda y niños pequeños, y cuyo sueldo fuese la única fuente de ingresos para la unidad familiar. "Es un sistema de indemnizaciones fijas que viene en una tabla y que va desde una cuantía mínima de 50.000 euros, por ejemplo, en el caso de un hijo económicamente independiente que pierda a su madre en un accidente. Es absolutamente descabellado. El sistema resulta ya obsoleto incluso para los accidentes de tráfico", dice Villacorta.

Hace dos años, el Ministerio de Economía creó una comisión de reforma del baremo dentro de la Dirección General de Seguros, que tiene prácticamente elaborados unos nuevos criterios de valoración, "Creemos que se va a acercar un poco más a los modernos criterios de indemnización que funcionan en cualquier país desarrollado", avanza este letrado, "y en esas propuestas, y también en indemnizaciones que son de cajón, estabamos basando nuestras peticiones". Aunque Villacorta aporta una observación que no es cuestión menor: en esa comisión está también representada Mapfre y otras aseguradoras, que ejercen su juego de presiones.

Los afectados y sus defensas piden que los criterios tengan en cuenta la casuística especial de los accidentes aéreos. "Es un accidente que casi siempre es colectivo, afecta a personas diferentes, tiene un impacto mediático enorme, provoca la muerte de la mayoría de pasajeros, procesos penales complejísimos, una constante exposición", enumera este abogado."La literatura clínica tiene muy bien explicado que todo eso genera una serie de perjuicios adicionales de los cuales alguien tendrá que ser responsable".

Aunque seis años después, algunos se han visto en situación de necesidad económica y han optado por desistir de la espera y aceptar la indemnización que ofrece la aseguradora."LLevo quince operaciones y no he visto ni un duro"

El 20 de agosto de 2008, su vida cambió para siempre. Rafael Vidal, ingeniero de 31 años, se dirigía a Canarias para pasar unos días y disfrutar de su gran afición, el surf. Hoy, lleva quince operaciones y está pendiente de una más. "Me han tenido que prestar dinero", afirma, "porque algunas han sido por la Seguridad Social, pero otras han tenido que ir por privado. Y puedo decir que Mapfre nunca ha estado pendiente. El eslogan de "Personas que cuidan personas" no se cumple en absoluto".

Los recuerdos siguen pasando por su cabeza como una secuencia "de la peor película de guerra que te puedas imaginar", dice con una entereza que cobra más valor con la dureza de cada palabra pronunciada.

Seis años después, no ha cobrado su indemnización, calculada con criterios a los que se opone de plano. "Viví la colisión a 400 kilómetros por hora, sin los cinturones de seguridad que tiene cualquier coche. Las explosiones de queroseno, que fue lo peor de todo, se parecen más a un atentado terrorista que a cualquier otra cosa. Vi a gente morir quemada, ahogada, desangrada".

Después de años de lucha sin resultado, en su desesperación recurrió a una petición de firmas a través de la plataforma Change.org, que lleva reunidos más de 170.000 apoyos para que la aseguradora pague a los afectados. Pocos días después de publicar la petición, Mapfre le respondió a través de la misma página web, "En Mapfre somos sensibles a la situación de las víctimas del accidente de Spanair y nuestro principal objetivo es agilizar al máximo los procedimientos, especialmente en beneficio de ellas", decía la compañía, justificando el retraso del pago en que el proceso penal no había quedado archivado hasta septiembre de 2012. "Podemos garantizarle que, lejos de dilatar estos procesos, estamos intentando, por todos los medios, que avancen con la mayor rapidez posible."

"Me parece tremendamente inmoral e indecente lo que está sucediendo. Lo único que tiene que hacer Mapfre es cumplir con su responsabilidad", dice Vidal, "la aseguradora tenía firmada la póliza con Spanair, es una empresa solvente, con 800 millones de euros de beneficio anual. Y están haciendo lo posible por no pagar". La póliza contratada por la empresa, según las víctimas, es de 1.500 millones de euros. Vidal apunta otra cifra más, en 2012, Mapfre pagó a sus consejeros 11'6 millones de euros por la asistencia a los consejos. Prácticamente la misma cantidad que quedaría ahora para indemnizar a 130 afectados, tras los 20 ya aportados por la aseguradora.

Las víctimas han recibido hoy un nuevo revés. 70 afectados llevan años esperando una audiencia con la aseguradora para fijar la fecha del juicio. La cita debía celebrarse mañana, en el Juzgado Mercantil número 12 de la Audiencia Provincial de Madrid, pero este mediodía les han comunicado que queda aplazada. Mapfre, denuncian, ya había conseguido alargar la cita pidiendo que la compañía Boeing, fabricante del apartato, se sentase en el juicio. Vidal se declara "indignado" por la noticia. "No existe justicia en absoluto. En primer lugar, porque no hay justicia cuando se tiene que esperar seis años para que llegue el juicio. Y mucho menos ahora, cuando ni siquiera llega".

Seis años después del suceso y tras el cierre de la causa penal, existen 20 procedimientos abiertos, 18 civiles y dos laborales. De los procesos civiles, dos de ellos han sido declarados no competentes y uno de ellos se realiza específicamente contra el fabricante Boeing.

Vidal claro que detrás de este interés por aplazar al máximo el proceso existe una clara estrategia,"mientras no se produzca el juicio Mapfre no paga, y mientras no pague, seguirá negociando a la baja como está haciendo ahora y la gente por agotamiento acabará claudicando. Cuando llegue el momento van a ganar dinero, para ellos es un negocio redondo.