Miguel Sebastián dispuesto a estudiar la prórroga de la vida de las nucleares si lo piden los sindicatos

  • Madrid.- El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se ha mostrado hoy dispuesto a analizar la prórroga de la vida útil de las nucleares, tal y como habrían planteado los sindicatos durante la negociación del pacto social y de pensiones.

Madrid.- El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se ha mostrado hoy dispuesto a analizar la prórroga de la vida útil de las nucleares, tal y como habrían planteado los sindicatos durante la negociación del pacto social y de pensiones.

La Vanguardia publica hoy en portada que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero acepta revisar su política nuclear en el marco del pacto social y, en todo caso, "condicionado a que salga adelante el retraso de la edad de jubilación".

En alusión a esta información, Sebastián ha afirmado que, a su juicio, esta posible decisión de prorrogar la vida útil de las nucleares no tendría por qué afectar a la planta de Garoña, cuyo cierre (en 2013) es "una decisión firme".

"Entiendo que la extensión de la vida útil que pedirían los sindicatos se referiría al resto de las nucleares", ha subrayado al respecto el ministro durante una entrevista en la Cadena Ser.

Con respecto al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta radiactividad, pendiente de que se decida su ubicación, el ministro ha señalado que están intentado alcanzar el máximo consenso, pero si no es posible, el Gobierno deberá imponerlo.

En este contexto ha reiterado el argumento de que la construcción del almacén centralizado es más barata y segura que la opción de los almacenes individuales en cada central nuclear.

Tras señalar que esta instalación no conlleva ningún riesgo, Sebastián ha concluido con su deseo de decidir "lo antes posible" la ubicación del ATC y, de este modo, no tener que seguir pagando a Francia alrededor de 60.000 euros diarios por el almacenaje de residuos nucleares de Vandellós I.

España debería haberse hecho cargo de estos desechos a partir del pasado 31 de diciembre, tal y como establecía el contrato firmado con el Gobierno francés, pero como no ha sido así tiene esta penalización económica.

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