El presidente del Banco Central, Nelson Merentes, y el presidente de la petrolera estatal PDVSA, Eulogio del Pino, comparecerán ante la comisión especial que estudia la declaratoria de emergencia dictada el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro, dijo a periodistas el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup.
Se prevé que también asistan los ministros de Finanzas, Rodolfo Medina, de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, y el jefe del órganismo tributario, José David Cabello, entre otros. No se ha confirmado la asistencia del vicepresidente del Área Económica, ministro Luis Salas.
Ramos Allup indicó que los funcionarios responderán a las interrogantes de los legisladores, aunque sin considerarlo una interpelación formal.
Más temprano, el presidente de la comisión legislativa especial, José Guerra, cuestionó aspectos del decreto como la fijación de límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo -lo que definió como un "corralito"- y la posibilidad de disponer de bienes del sector privado como respuesta a la grave escasez de productos básicos.
También criticó que el gobierno pueda realizar cambios en el presupuesto vigente y reclamó explicaciones sobre el destino de los millonarios recursos que obtuvo el país durante la más reciente bonanza petrolera.
"Si no van a expropiar a nadie (como aseguró el ministro de Industria y Comercio, Miguel Pérez Abad), quítenlo del decreto para que no creen incertidumbre", reclamó Guerra.
El economista sostuvo que Venezuela "no tiene un dólar ahorrado" y afronta "restricciones por todos lados", pese a que "recibió un billón de dólares entre 1999 y 2015" y "le regaló 50.000 millones de dólares a Petrocaribe desde 2005 a 2015". "Son cosas que este decreto tiene que contemplar", manifestó Guerra.
Con un modelo estatista, Venezuela enfrenta una crisis económica agravada por el desplome de los precios del petróleo y que se refleja en una contracción de 4,5% e inflación de 108,7% entre enero y septiembre de 2015 (oficial), así como en un déficit de 20% del PIB, según estimaciones privadas.
Admitiendo que la situación es "catastrófica", Maduro decretó la emergencia por 60 días y entregó el decreto al Parlamento, al que pidió apoyo y ante el cual presentó su informe anual de labores el pasado viernes.
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