"Tras el diálogo con una Comisión del Ejecutivo, encabezada por el Ministro de Vivienda, Milton von Hesse, las Comunidades Nativas de Loreto (Amazonia) acuerdan levantar medidas de fuerza", informó el ministerio en su cuenta de Facebook.
Según detalló el propio ministerio la noche del jueves a la agencia estatal Andina, tras el acuerdo, los pozos del denominado Lote 192, que produce el 17% del crudo nacional, serán liberados por los manifestantes.
El gobierno se comprometió a invertir unos 41 millones de dólares en agua, luz y saneamiento, además de la ejecución de proyectos de desarrollo. Los nativos de Andoas piden, entre otras cosas, resolver los pasivos ambientales, en una zona donde, por décadas, compañías extractoras de hidrocarburos han causado daños al ecosistema.
Otro grupo de comunidades indígenas mantuvo tomado por unos días también el aeropuerto de Andoas, en la región Loreto, en la selva del país. Para los nativos, cualquier acción sobre el Lote 192, debe ser previamente consultada con ellos, como lo dispone una ley en Perú amparada por convenios internacionales.
Desde fines de agosto, el Lote 192 es operado por la filial peruana de la canadiense Pacific Exploration & Production Corporation, tras la finalización de un contrato de 15 años con la argentina Pluspetrol. Pacific tiene la concesión por 2 años. La toma del campo le ha significado dejar de producir unos 70 mil barriles, ha informado la firma a la prensa.
La decisión se produjo en un contexto en que dirigentes de Loreto y sectores políticos exigen que la estatal Petroperú se encargue de dicha operación. Pero el gobierno recordó que la empresa no tiene la capacidad económica y de infraestructura para hacerlo. Además, una ley la obliga a destinar todos sus recursos a la modernización de una refinería clave.
Ante ello, el Congreso -incluso con el apoyo del oficialismo- aprobó a mediados de septiembre una norma que habilita a Petroperú para explotar el Lote 192, un hecho que el ministerio de Energía y Minas consideró inconstitucional y que complica el contrato ya firmado con Pacific, que podría demandar al Estado. Sin embargo, para los legisladores la norma es de autorización y no obligatoria. El Poder Ejecutivo aún no ha promulgado la ley y tiene la facultad de observarla.
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