NCG Banco plantea un concurso público para el que cuenta con cinco inversores

Santiago de Compostela, 2 abr.- NCG Banco ha planteado que se venda mediante un concurso público "sin precedentes" más del 20 % de su capital, operación para la que cuenta con cinco inversores interesados y de la que se obtendrían unos 1.000 millones de euros.

El presidente de NCG Banco, José María Castellano -que hoy compareció con otros directivos ante la prensa para dar a conocer los resultados del grupo Nova CaixaGalicia, participado por el Estado desde septiembre pasado- afirmó que el concurso podría quedar concluido en junio.

El consejero delegado del grupo, César González-Bueno, dio detalles de los resultados de la entidad resultado de la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia, y que cerró 2011 con unas pérdidas de 168,7 millones de euros, de los que 69,5 millones fueron de NCG Banco.

Estas cifras, según González-Bueno, revelan ajustes y una gestión activa de la crisis desde 2011, con un incremento de liquidez de más de 3.000 millones ayudado por las medidas del Banco Central Europeo.

Además, están influidas por un saneamiento "altísimo", con 1.600 millones para cumplir este año el decreto del Gobierno, más 800 millones de capital adicional.

Según González-Bueno, las cifras convierten a la entidad en "atractiva para otros bancos e inversores internacionales".

El presidente de NCG Banco ha continuado con este argumento al recordar que el plan de recapitalización contempla la entrada de inversores privados minoritarios por un importe de entre el 20 % y el 51 %, y que podría situarse entre los 500 y 1.000 millones, ha concretado.

Tras descartar la fusión, para la que había propuestas, y la subasta pública, para evitar la venta de la entidad por un euro, como ha ocurrido en otros casos, Castellano ha informado de que el Banco de España sabe ya de los cinco inversores que podrían presentarse al concurso y cree que "tiene viabilidad".

Este proceso, que cuenta con dos informes jurídicos externos y la aprobación del FROB, representado en un 90 % de la entidad, cuyo consejo de administración aprobó el plan por unanimidad, supondría un "menor coste social", al mantener oficinas y el centro de decisión en Galicia, y también un sentido económico para el Estado.