Novagalicia no recurrirá sentencia le obliga a devolver dinero de preferentes

A Coruña, 16 jul.- Novagalicia Banco no recurrirá la sentencia de un juzgado de Cambados (Pontevedra) que le obliga a devolver a un cliente de la entidad el dinero depositado para adquirir participaciones preferentes.

Así lo ha anunciado hoy a la Cadena SER el presidente de la entidad, José María Castellano, que ha destacado que la solución para los casos de mala comercialización de estos productos "está próxima".

El juzgado número 1 de Cambados (Pontevedra) dictó la pasada semana la primera sentencia favorable a un cliente que adquirió participaciones preferentes de Novagalicia Banco, en este caso de Caixanova, una de las cajas cuya fusión dio lugar a la entidad presidida por José María Castellano, a la que condena a devolver al demandante 7.560 euros y le impone las costas procesales.

El argumento principal de la sentencia para declarar nulo el contrato "por error del consentimiento" es que la entidad aportó al cliente una información "inadecuada, falsa e insuficiente" en el momento de adquirir un producto cuyo "alto riesgo" y falta de liquidez no le fueron comunicados.

Castellano ha asegurado que en el caso de que se produzcan nuevas sentencias condenatorias la entidad las "acatará", y ha asegurado que lo que Novagalicia Banco quiere hacer en estos casos es "pagar".

El presidente de la entidad gallega ha admitido que cuando el nuevo equipo directivo tomó posesión se encontró con dos problemas prioritarios, las indemnizaciones millonarias de las que se beneficiaron algunos de los antiguos gestores, y la comercialización de participaciones preferentes a miles de pequeños ahorradores.

Castellano ha recalcado que, en ambos casos, el ánimo de la entidad es "resolver" estos problemas.

Ha reconocido que ambas cuestiones afectan a la "reputación" de la entidad, y ha asegurado que disponen de la liquidez necesaria para afrontar el reintegro de las preferentes.

No obstante, ha recordado que Novagalicia Banco está en la actualidad controlado en más de un 90 por ciento por fondos del Estado y que cualquier solución debe contar con el visto bueno de las autoridades comunitarias.