Ocho regiones sanas gastarán 450 millones más por rechazar el 'salvavidas' de Montoro

    • Hacienda admite no comprender a las comunidades que como Madrid, Galicia o País Vasco declinaron beneficiarse de las ventajosas condiciones de los fondos de liquidez y proveedores.
    • Asegura que las autonomías adheridas a estos fondos lograrán un ahorro anual de 788 millones de euros respecto a lo que les habría costado autofinanciarse.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Hace un año y medio, cuando el Gobierno lanzó su primer plan de pago a proveedores, la práctica totalidad de las comunidades autónomas tenían vetado el acceso a los mercados de capitales y las pocas que lo conseguían lo hacían a costa de pagar 2,5 punto más del tipo de interés ya alto que se le exigía al Tesoro español.

Por poner un ejemplo, si el mercado pedía al Tesoro un tipo de interés del 6% por comprar sus bonos a diez años, una comunidad autónoma en una situación financiera no desesperada, como por ejemplo La Rioja, podía encontrarse con que le exigieran un interés del 8,5% por sus títulos, al nivel de una economía rescatada.

El Plan de Pago a Proveedores fue la solución que ideó el Gobierno para dotar de liquidez a las comunidades autónomas a un coste asumible o, al menos, sensiblemente inferior al que le obligaba el mercado.

El Estado acudiría al mercado de deuda para financiar a las comunidades autónomas con la condición de que éstas destinaran los recursos obtenidos por esta vía a pagar las facturas pendientes con sus proveedores de bienes y servicios, que Hacienda calculaba en más de 30.000 millones de euros.

A cambio se les garantizó un tipo de interés más asumible que el que les exigía el mercado, que, siguiendo, con el ejemplo anterior se situaría en el 7,4%.

Luego vendría el Fondo de Liquidez Autonómica, que, básicamente, se basaba en el mismo principio.

Hacienda ha echado cuentas y según sus cálculos Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia, es decir, las nueve comunidades que se adhirieron a ambos fondos desde el minuto uno, obtendrán un ahorro anual de 788 millones de euros por haber tomado esa decisión.

Es decir por aceptar el rescate blando que les ofrecía el Gobierno, antes que arriesgarse a financiarse por su cuenta en los mercados o en entidades financieras para evitar ser señaladas como autonomías débiles.La 'factura' de no aceptar la ayuda

Pero no todas aceptaron las condiciones del Gobierno. Ocho comunidades autónomas decidieron no entrar en el Fondo de Liquidez Autonómica y tres de ellas ni siquiera aceptaron la ayuda que les ofrecía el Ejecutivo para ponerse al día con sus proveedores.

Hacienda asegura ahora que éstas han salido perdiendo y que su castigo será tener que hacer frente a un gasto extra de 450 millones de euros que no tendrían que haber asumido si se hubieran avenido a aceptar el salvavidas que les ofrecía el Estado.

A ojos de Hacienda es "incomprensible" que gobiernos regionales hayan renunciado a una financiación barata, aún a sabiendas de que salir el mercado o llamar a la puerta del banco les iba a salir más caro. "Pero eso se lo tendrán que explicar a sus votantes. Adherirse a estos fondos era voluntario", señalan desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Pero las comunidades autónomas díscolas (Galicia, País Vasco, Navarra, Extremadura, Madrid, Castilla y León, La Rioja y Aragón) tenían sus razones. Adherirse al Plan de Pago a Proveedores o al Fondo de Liquidez Autonómica también tenía su coste.

En primer lugar, exigía a las autonomías adheridas aceptar un mecanismo de supervisión reforzada por parte del Gobierno Central, que les obligaba a poner en conocimiento de la Intervención del Estado todas las operaciones que realicen durante los doce años (diez más dos de carencia) que tarden en devolver los fondos percibidos.

Por otra parte, algunos gobiernos regionales entendieron que aceptar el paquete de ayuda gubernamental las equiparaba a ojos de los mercados a las autonomías con más problemas y podría acarrearles consecuencias a medio plazo sobre su imagen entre los inversores.

Hacienda rechaza este argumento y recuerda que la Comunidad Valenciana, beneficiaria de ambos fondos de ayuda, ha mejorado recientemente su calificación crediticia.

Pero también es cierto que las comunidades autónomas beneficiarias de estos fondos continúan teniendo una calificación crediticia inferior a las que no se sumaron al mismo.

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