Países y PE pactan crear registros nacionales con dueños finales de empresas

Bruselas, 17 dic.- Los países de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo (PE) llegaron hoy a un acuerdo para que los registros centrales nacionales incluyan a los propietarios finales de las empresas, de modo que estos sean accesibles para los medios de comunicación y ciudadanos afectados.

"Durante años, los criminales en Europa han usado el anonimato de compañías extraterritoriales y de cuentas para ocultar sus pactos financieros", afirmó el eurodiputado letón del Partido Popular Europeo, Krisjanis Karins, en un comunicado.

Agregó que "crear registros sobre los propietarios beneficiarios ayudará a desvelar el secretismo y ayudará mucho en la lucha contra el blanqueo y la evasión fiscal".

Los Veintiocho y los eurodiputados llegaron a un consenso sobre la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales en el que también se insta a los casinos, bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y otros a ser "más vigilantes frente a transacciones sospechosas hechas por sus clientes", según la Eurocámara.

El consenso, que ahora deberá ser aprobado formalmente por ambas partes para su entrada en vigor, exige a los países que mantengan en estos registros centrales la información de los propietarios últimos de compañías y otras entidades legales, así como de trust.

Podrán acceder a los mismos las autoridades competentes y a entidades como los bancos que estén llevando a cabo tareas pertinentes.

También al público, aunque la persona u organización tendrá que demostrar un "interés legítimo" como una investigación periodística, y podrá exigirse el registro electrónico de la persona que desea acceder, así como el pago de un cargo para cubrir los costes administrativos.

Estos podrán ver el nombre del beneficiario, el mes y el año de nacimiento, la nacionalidad, su residencia y detalles sobre su propiedad sobre la entidad o compañía.

Sin embargo, se abre la puerta a que se den "excepciones" en el acceso, aunque en "circunstancias excepciones y sobre analizando caso por caso".

Las normas pactadas también señalan que se deberán poner "medidas adicionales" para aclarar el origen de los ingresos y de los fondos que tengan que ver con "personas políticamente expuestas" -como jefes de Estado y de Gobierno, jueces y diputados, así como sus familiares- cuando se den "relaciones de negocios de alto riesgo".