Pastor, prudente sobre la anulación de los contratos del AVE en Portugal

  • La ministra española de Fomento, Ana Pastor, se mostró hoy prudente sobre la decisión del Tribunal de Cuentas de Portugal de anular los contratos de las obras de AVE Madrid-Lisboa y señaló que esperará a conocer la reacción del Gobierno luso antes de valorar el efecto que tendrá en los tramos extremeños.

Bruselas, 22 mar.- La ministra española de Fomento, Ana Pastor, se mostró hoy prudente sobre la decisión del Tribunal de Cuentas de Portugal de anular los contratos de las obras de AVE Madrid-Lisboa y señaló que esperará a conocer la reacción del Gobierno luso antes de valorar el efecto que tendrá en los tramos extremeños.

La institución portuguesa decidió anoche no dar su visto bueno al contrato entre el Estado luso y el consorcio Elos para la construcción de un tramo portugués del AVE entre Lisboa y Madrid -actualmente suspendido- debido a irregularidades.

"El Tribunal de Cuentas de Portugal determina que esos contratos que se habían sacado a licitación y se habían adjudicado no lo habían hecho conforme a derecho y por tanto anula los contratos", señaló Pastor en declaraciones a su llegada al Consejo de Ministros de Transporte de la UE que se celebra hoy en Bruselas.

"Lo que no he escuchado es lo que dice el Gobierno portugués, cuando lo escuche, le podré decir algo", añadió.

El organismo fiscalizador luso tomó esta decisión después de apreciar una "falta de información" dentro del marco presupuestario del proyecto, que conllevó a "una violación directa de las normas financieras".

Asimismo, indicó que la propuesta de Elos -valorada en unos 1.400 millones de euros- debería haber sido excluida.

En diciembre de 2010, el entonces Gobierno socialista de José Sócrates eligió a Elos, encabezada por la constructora portuguesa Soares de Acosta y la concesionaria de autopistas Brisa, como la adjudicataria del tramo de cerca de 200 kilómetros entre Poceirao y Caia, en detrimento del consorcio liderado por la constructora lusa Mota-Engil.

Debido a la decisión del Tribunal de Cuentas, tendrá que haber otro concurso y realizarse un nuevo contrato en caso de que se continué con el proyecto, suspendido desde que los conservadores ganasen las elecciones de junio de 2011 en Portugal.

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