Pero, ¿quién paga realmente la factura de la OPV Bankia?

    • En la práctica, el Estado se hace cargo de al menos el 86% de la factura de las demandas civiles. Sólo un 14% recae sobre el 'free float' del grupo.
    • La acción del banco está subiendo cerca de un 3% por encima de los 1,20 euros. El mercado da el visto bueno al reparto de las cargas.
El Estado y Bankia asumirán un coste aproximado de 600 millones en indemnizaciones por la OPV
El Estado y Bankia asumirán un coste aproximado de 600 millones en indemnizaciones por la OPV

El ministro de Economía Luis de Guindos echó este jueves un capote a Bankia limitando a 600 millones de euros el coste máximo de las demandas civiles de los inversores cazados en la salida a bolsa de Bankia. La cifra supone sólo una tercera parte de los alrededor de 1.800 millones que los particulares (la mayoría clientes de la entidad) suscribieron en la oferta de acciones de julio de 2011 y será sufragada según la estructura de capital de la entidad.

Por lo tanto, a la espera de la decisión final del Frob (que en los próximos días tiene que concretar los porcentajes exactos), la matriz de Bankia, BFA, asumiría el 62% de esos 600 millones de euros. Por lo tanto, el Estado (dueño de BFA) se haría cargo de al menos (será más si el importe de las devoluciones crece) 372 millones de euros. Dicho de otra forma, los contribuyentes asumen todas las pérdidas de las que se hará cargo BFA. Pero, ¿Qué pasa con el resto?

Bankia tendría que cargar con los 228 millones restantes. Pero BFA es el dueño del 62% de Bankia, por lo que el Estado también pone dinero en una primera fase, ya que será la filial quien se haga cargo de los primeros pagos. Por lo tanto, los contribuyentes se harían cargo de otros 141 millones de euros. El resto, apenas 87 millones de euros, recae sobre el 38% del capital de Bankia que está en manos de inversores y que circula libremente en bolsa.

Dicho paquete corresponde a partes prácticamente iguales a los antiguos preferentistas del grupo, que fueron obligados a canjear sus títulos por acciones con un fuerte descuento en el proceso de reestructuración del grupo tras la entrada del Estado en el capital, y a inversores extranjeros. Éstos, dueños de 19,60% del capital de Bankia a 31 de diciembre, entraron en masa en el banco tras la venta del primer paquete en manos del Estado (un 7,5%) en febrero de 2014.

Por lo tanto, El Estado (a través del Frob) cargará con el peso del pago de un total de al menos 513 millones de euros. ¿Quiere esto decir que los contribuyentes tiene que aportar más dinero al grupo que ha sido el icono de la crisis del sector financiero español? No, porque BFA cuenta con un exceso de capital de alrededor de 7.000 millones de euros suficiente para hacer frente a la factura de las demandas civiles para recuperar el dinero invertido en la salida a bolsa.

Dicho de otra forma, no hace falta dinero nuevo para tapar el agujero. Pero a cambio si se reduce el colchón de capital de la matriz de Bankia, que por otra parte consolida en sus cuentas todo el beneficio de la filial, por lo que los 228 millones que Bankia tiene que aportar en el proceso pasarán factura a su cuenta de resultados. Es decir, que de forma indirecta también irán contra los intereses del contribuyente.

Buena acogida en bolsa

El anuncio de De Guindos está siendo muy bien acogido por los inversores, que consideran que la cifra es razonable y perfectamente asumible para la entidad y que están valorando que el impacto para Bankia es muy limitado ya que, excluido el Estado, sus accionistas apenas asumen un coste de 87 millones de euros. La acción del banco está subiendo cerca de un 3% por encima de los 1,20 euros.

"La cuestión fundamental es quién asume la primera pérdida. La cifra que se va a dar será menor que el potencial de generación de beneficio de Bankia y tiene que ser una cifra que elimine todas las incertidumbres", aseguraba ayer Luis de Guindos. Bankia, que aún no ha recibido información oficial alguna sobre cómo será el reparto de las cargas, tiene de plazo hasta el 28 de febrero para presentar los resultados de 2014. La entidad ha retrasado su publicación porque considera que no puede ofrecer sus cifras sin medir el impacto del pago de las demandas.

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