Pescanova avala "normalidad" en centros nacionales y operaciones extranjero

Vigo/Madrid, 13 mar.- El consejo de administración de Pescanova ha dado hoy cuenta de la "normalidad" que la empresa mantiene en sus centros fabriles nacionales y en sus operaciones pesqueras y de acuicultura en el extranjero, a la vez que ha ratificado, por unanimidad, la línea de estructuración de su política financiera.

Tras la celebración hoy de un consejo de administración maratoniano, envuelto en una gran expectación y en un aura de hermetismo total, la compañía ha trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que analizó "el progreso de los trabajos" para aclarar el desfase entre su contabilidad y las cifras de su deuda bancaria.

La deuda de Pescanova, según consta en el centro de información de riesgos del Banco de España, asciende a 2.500 millones de euros del grupo, de los cuales 1.600 corresponden a la matriz; una cifra que casi coincide con la deuda declarada -1.522 millones- en octubre.

Fuentes bancarias consultadas por EFE han precisado que en total son unas 40 las entidades financieras acreedoras de la multinacional gallega.

La preocupación principal de los bancos acreedores es el "pasivo oculto" que ha aflorado en el desfase, reconocido por la empresa en una reciente comunicación a la CNMV, entre su contabilidad y la deuda con estas entidades, y, sobre todo, su procedencia.

Las mismas fuentes también se quejan de la falta de información por parte de la multinacional gallega, tanto sobre el origen del "pasivo oculto" como sobre sus "necesidades", ya que la necesitan para saber si "pueden ayudar o no".

Por lo demás, Pescanova ha trasladado a la CNMV de que once de sus doce miembros del consejo estuvieron presentes en la reunión de hoy, que se prolongó por espacio de ocho horas.

La compañía impidió a los medios, a través del servicio de seguridad, siquiera acercarse hasta los aparcamientos de su sede central en Chapela, Redondela (Pontevedra).

Una vez concluida la reunión, los consejeros fueron saliendo uno por uno y evitaron hacer declaraciones a los periodistas que hacían guardia en los accesos, mientras que la compañía se remitió en todo momento a la comunicación trasladada a la CNMV.

La convocatoria de la reunión del consejo de hoy había generado una gran expectación al responder a una petición de varios accionistas, entre ellos el Grupo Damm, con una participación del 6,18%, para analizar la situación de la compañía, en preconcurso de acreedores y con su cotización suspendida cautelarmente.

El Grupo Damm consideraba de "vital importancia" saber con exactitud qué está pasando en Pescanova, cuya cotización suspendió cautelarmente ayer la CNMV por concurrir "circunstancias que pueden alterar el normal desarrollo de las operaciones sobre el valor".

Asimismo, el grupo presidido por Demetrio Carceller demanda que, en adelante, las decisiones en Pescanova se tomen por mayoría del consejo de administración y no respondan al "criterio unipersonal" de su presidente y máximo accionista, Manuel Fernández de Sousa-Faro.

Las acciones de Pescanova se han devaluado en un 57% desde que el 1 de marzo solicitó el preconcurso de acreedores.

En el momento de la suspensión, sus títulos se cambiaban a 5,91 euros, frente a los 7,32 que marcaban al cierre de la sesión anterior, es decir, casi un 20% menos, aunque a primera hora de la negociación sufrían un abultado descenso cercano al 32%.

Poco después de su suspensión en Bolsa, Pescanova remitía un comunicado a la CNMV en el que admitía que las cifras de deuda que maneja la empresa no coinciden con lo que le reclaman sus acreedores.

Desde Pescanova se comprometen a comunicar a la CNMV el "importe de esas discrepancias" en cuanto lo sepan, mientras que el regulador bursátil ya adelantó el lunes la apertura de una investigación sobre los "posibles indicios" de comportamientos de "abuso de mercado por parte de la compañía, sus administradores o terceras personas".

En concreto, el regulador investiga si hubo abuso de mercado en determinadas operaciones de compraventa de acciones de la compañía y ha pedido sus cuentas de 2012, tras haber comprobado ya los datos referidos a la renegociación de su deuda, aspecto clave en el periodo que el procedimiento del preconcurso de acreedores otorga antes de que la empresa tenga que declararse insolvente.

La compañía debía afrontar este año el vencimiento de una deuda por importe de 203,36 millones de euros con entidades de crédito, obligaciones y deudas no comerciales.