Proponen que la Constitución regule la responsabilidad financiera de las CCAA

Madrid, 22 sep.- La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone incluir en la Constitución el principio de equilibrio financiero entre niveles de gobierno, y que garantice la autonomía y exija la responsabilidad financiera de las comunidades autónomas en los gastos e ingresos públicos.

La responsabilidad financiera se sumaría así al principio de autonomía financiera, según un informe elaborado por el profesor universitario Julio López Laborda para Fedea sobre "Posibles reformas en la regulación constitucional de la financiación autonómica".

Con un enfoque eminentemente económico basado en los resultados de la economía del federalismo fiscal, el autor reflexiona sobre qué principios y normas de la financiación autonómica podrían incluirse en la Constitución para garantizar, con la rigidez asociada a la Carta Magna, la autonomía financiera de las comunidades autónomas y la calidad y previsibilidad de sus ingresos.

López Laborda recomienda mantener las competencias de las que ya dispone el Estado para organizar la financiación regional, sobre la Hacienda general y su potestad originaria para establecer tributos.

Como elementos nuevos, propone incorporar a la Constitución el principio de responsabilidad financiera, de tal modo que ninguna administración asumirá ni responderá de los compromisos de gasto de las otras administraciones.

Según explica, el reforzamiento constitucional de los principios de autonomía y responsabilidad puede favorecer la disciplina financiera de las comunidades autónomas, aunque considera que habría que tomar otras medidas adicionales.

Entre ellas, apunta la clarificación del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas o la información efectiva a los ciudadanos de las administraciones que prestan los servicios y cobran los impuestos.

También aconseja introducir en la Constitución el principio de equilibrio financiero vertical, según el cual, los recursos públicos deben distribuirse entre niveles de administración -central, regional y local- de tal forma que, en cualquier momento todos los niveles estén en las mismas condiciones financieras para auxiliar sus necesidades de gasto.

El autor reconoce que se trata de un principio "enormemente difícil" de llevar a la práctica, pero subraya que su reconocimiento constitucional obligaría, por lo menos, al Estado a justificar cuidadosamente sus decisiones sobre el reparto de ingresos con el conjunto de comunidades autónomas y de entidades locales.

Sobre los tributos cedidos señala que, siempre que sea posible, las comunidades autónomas han de participar en la recaudación de los tributos del Estado, con competencias normativas, al menos, en el ámbito de la fijación del tipo de gravamen, y con intervención en las tareas de aplicación de los tributos.

Regular con precisión los objetivos e instrumentos de la solidaridad interterritorial e incorporar en la Constitución al Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano a través del cual se hace efectiva la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de financiación son otras propuestas incluidas en el informe publicado por Fedea.